Cuatro diputados del Partido de la Gente (PDG) criticaron al Gobierno por reaccionar tarde ante el aluvión que afectó a Las Condes, en la región Metropolitana, según BioBioChile. Fabián Ossandón, Flor Contreras, Tamara Ramírez y Lilian Betancurt pidieron al Ejecutivo revisar las capacidades del Estado para anticipar este tipo de emergencias.
El centro de la crítica es el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), que envía avisos masivos a los celulares. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) explicó que no envió la alerta porque se trató de un evento súbito. Agregó que Chile no dispone hoy de monitoreo instrumental de remociones en masa que permita anticipar estos fenómenos.
Horas después del aluvión, el Gobierno decretó zona de catástrofe en la comuna. Ese plazo abrió el segundo flanco de la bancada.
Ossandón, diputado por el Distrito 3 de Antofagasta, acusó diferencias territoriales en la respuesta estatal. "En agosto, nuestra región de Antofagasta sufrió graves aluviones y la declaración de zona afectada por catástrofe tardó días, pero en Las Condes bastaron solo horas", sostuvo. También afirmó que el Gobierno improvisa ante el cambio climático, pese a que regía una Alerta Amarilla.
Flor Contreras, integrante de la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos de la Cámara, calificó como una falta de previsión inaceptable el argumento del evento súbito. Tamara Ramírez, de la Comisión de Medio Ambiente, habló de un doble estándar: según ella, en el sector oriente la zona de catástrofe se decretó el mismo día, mientras en el norte se esperó cuatro días. Ramírez anunció que exigirá una fiscalización inmediata en el Congreso.
Betancurt, diputada por el Distrito 21 en la región del Biobío, presentó cinco oficios a Senapred nacional, Senapred Biobío, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Dirección Regional de Obras Hidráulicas y la Subsecretaría del Medio Ambiente. Pidió saber quién resolvió no activar el SAE en Las Condes y si existen polígonos de alerta definidos.
La parlamentaria también solicitó identificar quebradas y laderas con riesgo aluvional en comunas del Biobío dañadas por incendios forestales. "La prevención tiene que funcionar igual para una comuna de Santiago que para una localidad rural del Bío Bío", afirmó.
La disputa se cruza con la discusión presupuestaria. Según el oficio de Betancurt, el Presupuesto 2026 contemplaba una glosa de hasta $144,5 millones para implementar el Acuerdo de Escazú, tratado regional sobre acceso a la información y justicia ambiental. El proyecto 2027 no contiene una asignación identificada para ese fin.
Además, la partida "Cambio Climático y Contribución Determinada a Nivel Nacional" disminuye más del 50% en el proyecto para 2027, de acuerdo con el mismo documento. Los organismos oficiados deberán responder las preguntas de la diputada mientras el Congreso tramita el presupuesto.
