Tras una semana marcada por el alza de las bencinas y la caída en la aprobación ciudadana, el gobierno de La Moneda vuelve a mirar la migración como eje de su agenda. El Servicio Nacional de Migraciones, conocido como Sermig, busca destrabar las expulsiones de extranjeros en situación irregular y convertir esa acción en una señal visible del cumplimiento de una de las promesas del Presidente José Antonio Kast.
Con la llegada del Frank Sauerbaum, nuevo director del Servicio Nacional de Migraciones, el Ejecutivo dio señales claras de que la prioridad ya no es solo comunicacional. El dirigente señaló que ya se están gestando gestiones para destrabar la relación con Venezuela, cuyo país representa el 60% del total de expulsiones pendientes. “Esperamos que eso lo podamos hacer durante las próximas semanas”, afirmó Sauerbaum, en entrevista con La Tercera, dejando entrever que el primer vuelo de expulsión podría concretarse en abril.
El diagnóstico también alude a una herencia administrativa: el Sermig detectó procesos aún en papel y un funcionamiento que ha dificultado acelerar las medidas, con cerca de 46 mil personas con decretos de expulsión vigentes que no han sido ejecutados. Además, se propone una estrategia mixta que combine expulsiones, salidas voluntarias y un refuerzo de fiscalizaciones, especialmente a empresas, para sostener el endurecimiento de la política migratoria. El Ejecutivo busca que ese primer hito sea capitalizado políticamente por el propio Presidente.
