Los partidos del bloque gubernamental tensionaron este lunes el debate de su propio proyecto. El Partido Socialista (PS) y el Frente Amplio (FA) entregaron propuestas escritas a dos ministros del Gobierno. Los documentos llegaron al titular de Hacienda, Jorge Quiroz, y al biministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado. Ambos cuestionan aspectos tributarios de la Ley de Reconstrucción Nacional, la megareforma impulsada por el Ejecutivo.

Las dos colectividades forman parte de la coalición oficialista, por lo que sus observaciones representan una señal de presión interna. El argumento que comparten: las rebajas permanentes de impuestos deben ir acompañadas de compensación fiscal. Sin esa condición, los ingresos del Estado disminuirían de forma estructural.

El PS propone separar las medidas de reconstrucción de las reformas tributarias de largo plazo. Lo urgente, como la reconstrucción de vivienda e infraestructura en zonas de catástrofe, debe tramitarse rápido. Los cambios estructurales necesitan una discusión técnica y política más profunda.

En materia tributaria, los socialistas plantean una reducción gradual del impuesto de primera categoría, condicionada al cumplimiento de metas fiscales y de deuda pública. Piden también eliminar la cláusula de invariabilidad tributaria por 25 años que incluye el proyecto. Proponen avanzar hacia un sistema tributario dual con impuestos a la distribución de dividendos, y reemplazar los créditos tributarios a las empresas por subsidios directos al empleo.

El FA centra su propuesta en el mercado laboral. Pide sustituir el crédito tributario empresarial por una ampliación del Subsidio Unificado al Empleo (SUE), mecanismo estatal que bonifica directamente a trabajadores de menores ingresos. El partido agrega medidas de industrialización, apoyo a las pymes y reducción del costo de la vida.

El PS solicitó además retirar la urgencia legislativa del proyecto para revisar sus supuestos económicos e impacto fiscal. Esa petición, si prospera, podría alterar los plazos que maneja el Ejecutivo para despachar la ley.