El Presidente Gabriel Boric Font, Presidente de la República de Chile, presentó este jueves 19 de febrero en Isla de Pascua los detalles del Plan de Inversión del Aeropuerto Mataveri 2025-2035, en una actividad que contó con la ministra de Obras Públicas, Jessica López; el subsecretario del Interior, Víctor Ramos; la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta; el senador Tomás de Rementería; y el delegado presidencial provincial de Isla de Pascua, Sergio Tepano, entre otras autoridades locales.
El plan, con una inversión de más de 400 millones de dólares, se despliega en tres etapas: la construcción de un camino público y un cerco perimetral; un terminal provisorio y una nueva plataforma; y un terminal definitivo que será casi tres veces más grande que el actual, con estándares de servicio equivalentes al resto de los aeropuertos del país. El período proyectado abarca 2025 a 2035, señalado por el gobierno como la hoja de ruta para modernizar la conectividad de la isla.
En la ceremonia, Boric enfatizó que el aeropuerto es "el principal punto de conectividad" para uno de los destinos turísticos emblemáticos de Chile y afirmó que las obras buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de la isla, no solo la experiencia de los visitantes. "Que a ellos nos debemos y a ellos tenemos que mejorar las condiciones de calidad de vida", dijo el mandatario.
Como antecedente clave, el Ministerio de Bienes Nacionales entregó en 2024 a los herederos de Rafael Roe Roe, reclamante de las tierras, las actas de radicación de sus predios, un acuerdo que incluye la entrega de los terrenos donde hoy está el terminal y la plataforma, una vez que estas se trasladen a la nueva ubicación. Esa resolución pone fin a una demanda de más de medio siglo sobre la titularidad del suelo donde opera el aeropuerto.
Las consecuencias prácticas son inmediatas y variadas. La ampliación y la nueva plataforma deberían aumentar la capacidad de vuelos y mejorar la regularidad del servicio, lo que beneficiará el acceso de residentes y potenciará el turismo. Al mismo tiempo, la obra de gran escala plantea desafíos: presión sobre servicios básicos, mayor demanda de infraestructura local y riesgos para los bienes culturales y el medio ambiente de Rapa Nui.
Políticamente, el anuncio es un cumplimiento de una promesa hecha por Boric en la Cuenta Pública de 2022, por lo que fortalece la imagen del gobierno en la isla y ante sectores pro-desarrollo. Ganan los residentes que reclaman mejores estándares de conectividad y el sector turístico. Pierden potencialmente quienes advierten sobre la saturación del territorio, y las organizaciones ambientales o culturales que exigen salvaguardas y mecanismos de gestión de turismo.
Varios elementos siguen sin precisarse en la información oficial: no se detalló la fuente exacta del financiamiento, los hitos específicos del cronograma de obras ni si hubo o habrá un proceso formal de consulta indígena con la comunidad rapa nui, exigido por la normativa nacional y por estándares internacionales. Tampoco se informó públicamente el alcance de los estudios ambientales y patrimoniales necesarios antes de iniciar obras en zonas sensibles.
El próximo paso será la definición de plazos concretos y la publicación de los estudios técnicos y ambientales. Si el gobierno cumple la hoja de ruta y articula participación local y salvaguardas ambientales, el proyecto puede mejorar la vida cotidiana en Isla de Pascua. Si no lo hace, el mayor flujo de turistas y la transformación del aeropuerto podrían agravar tensiones históricas sobre tierras, identidad y sostenibilidad en Rapa Nui.