En el Estado de México, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero de la LXII Legislatura, aprobaron remitir al Congreso de la Unión una iniciativa que busca reformar la ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo de dotarla de facultades para regularizar adeudos y aplicar esquemas de condonación de deudas a distintos niveles de gobierno. La propuesta, impulsada por el legislador Valentín Martínez Castillo, plantea que la CFE pueda suscribir convenios con gobiernos estatales, municipales y sus entidades, con el fin de reestructurar o incluso condonar parcial o totalmente adeudos derivados del suministro de energía eléctrica.
Asimismo, contempla que, mediante lineamientos internos, la empresa pueda implementar mecanismos específicos para instituciones públicas de educación y salud, independientemente de si estas pertenecen al ámbito federal, estatal o municipal. De acuerdo con el documento, el monto total de adeudos acumulados con la CFE supera los 53 mil millones de pesos, de los cuales más de 46 mil millones corresponden a gobiernos estatales y municipales.
En este contexto, el Estado de México destaca por concentrar una deuda superior a 26 mil 463.7 millones de pesos, equivalente al 57.2 por ciento del total de los pasivos estatales en el país. El legislador reconoció que al menos 93 municipios mexiquenses mantienen deudas con la empresa eléctrica.
Además, subrayó que, de los 15 ayuntamientos con mayor morosidad a nivel nacional, 10 se ubican en esta entidad. Esta situación, advirtió, limita la capacidad financiera de los gobiernos locales, reduciendo recursos disponibles para rubros prioritarios como seguridad, infraestructura, agua potable y servicios públicos básicos.
Durante la discusión, los diputados Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, Octavio Martínez Vargas, Vladimir Hernández Villegas y la legisladora María José Pérez Domínguez coincidieron en que la reforma podría mejorar la situación financiera de los municipios y fomentar un manejo más responsable de los recursos públicos. No obstante, también señalaron la necesidad de revisar la Ley de Responsabilidades para sancionar a servidores públicos que generen deudas impagables, así como fortalecer los mecanismos de supervisión.
