El ministro de Seguridad, Martín Arrau, afirmó que las cárceles chilenas registran un hacinamiento de 146%, con una sobrepoblación aproximada de 20.500 personas que crece semana a semana por el aumento de detenciones.
Las declaraciones forman parte de una entrevista publicada por Ex-Ante, en la que el secretario de Estado abordó la corrupción en Gendarmería, el plan de infraestructura penitenciaria y los cambios internos que impulsa el gobierno.
Según Arrau, el perfil de quienes ingresan hoy al sistema es más violento y con mayor presencia de crimen organizado. Cerca del 18% son extranjeros y un tercio tiene menos de 30 años.
El ministro describió condiciones materiales precarias. "Hoy tenemos recintos donde los presos tienen que alojar en rucos, porque no caen dentro de las celdas o de los pabellones", dijo, y planteó que existe además un problema de dignidad humana.
Arrau reconoció que parte de la cadena delictual opera desde los penales y que de ahí también surge la corrupción. Evitó culpar a una administración específica y habló de un abandono histórico del Estado, que prefirió mirar hacia el lado en presupuesto, atención y modernización.
Entre las medidas, mencionó que Gendarmería dejó de ser un servicio público con sindicatos y pasó a ser una policía no deliberante y jerarquizada. El gobierno promete invertir en tecnología, uniformes, alimentación de los reclusos, segregación y mayor control de encomiendas y telecomunicaciones.
La ley orgánica de Gendarmería, hoy en tramitación, incluye nuevas normas de cumplimiento (compliance) contra la corrupción. A eso se suman dos consultorías financiadas con recursos de instituciones externas, destinadas a cambiar la cultura organizacional y los sistemas de gestión de la institución.
En infraestructura, Arrau explicó que existe un plan vía concesiones para construir 20.000 plazas nuevas, pero que tomará un mínimo de 10 años. Para acortar plazos, el gobierno ampliará cárceles existentes y evalúa proyectos de construcción penitenciaria acelerada, más rápidos y de menor costo, pensados para población de bajo compromiso delictual. Según el ministro, la iniciativa está bastante avanzada.
Además, el Ministerio de Justicia tramitará un proyecto para conmutar penas de delitos menores, con expulsión de personas en situación migratoria irregular, con el fin de descongestionar parte de la población penal.
Sobre los costos, Arrau estimó que la inversión alcanzará cientos o miles de millones de dólares solo en infraestructura penitenciaria, sin contar la operación. La entrevista se publicó la misma semana en que fue detenido un suboficial de Gendarmería; la fuente disponible no incluye la respuesta completa del ministro sobre ese caso.
