El Juzgado de Garantía de Copiapó decretó este miércoles la prisión preventiva de tres funcionarios públicos, dos mujeres y un hombre. La Fiscalía de Atacama los investiga por presuntos delitos de corrupción en la compra de insumos y alimentos para recintos de Gendarmería, el Ejército y el antiguo Servicio Nacional de Menores (Sename).
Según informó La Tercera, la resolución llegó tras una audiencia de formalización y debate de medidas cautelares que se extendió por cinco días. El tribunal dio por acreditados los delitos expuestos por la Unidad Anticorrupción y Litigación Estratégica de la Fiscalía regional.
La causa suma diez imputados. Entre ellos figuran cuatro gendarmes y un exmilitar, además de propietarios de empresas proveedoras que también fueron formalizados en la misma audiencia.
Las compras bajo sospecha abastecían a tres recintos: el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó, el Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado (CIP-CRC) de San Bernardo y el Regimiento Logístico N°2 Arsenales de Guerra de Colina, estos dos últimos en la Región Metropolitana.
El fiscal Luis Miranda Flores encabeza la investigación, con apoyo de detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) y de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la Policía de Investigaciones (PDI).
"Se resolvió decretar prisión preventiva respecto de tres funcionarios públicos relacionados con las aristas Gendarmería, Ejército y ex Sename", explicó Miranda. Precisó que se les imputa cohecho reiterado y asociación criminal y, en el caso de la funcionaria de Gendarmería, también lavado de activos.
Los otros siete imputados quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional, lo que les impide salir del país mientras avanza el proceso.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que resguarda los intereses patrimoniales del fisco, actúa como querellante y pidió varias de las diligencias pendientes.
El fiscal no descartó que otras instituciones del Estado estén involucradas. Junto a la PDI seguirá revisando órdenes de compra vinculadas a las empresas proveedoras, dentro de un plazo de investigación de cinco meses fijado por el tribunal.
