El gobierno del presidente José Antonio Kast pondrá fin al Plan Calles sin Violencia tal como lo diseñó la administración de Gabriel Boric, según BioBioChile. El proyecto de Presupuesto 2027 elimina la partida que llevaba ese nombre y fortalece los recursos del denominado Plan FOCO.
La línea Plan Calle sin Violencia dependía de la Subsecretaría de Seguridad Pública. En 2026 contó con $13.441 millones y para el próximo año aparece eliminada.
Sin embargo, el cambio no implica necesariamente que desaparezcan todos los recursos de la estrategia. La transferencia al Ministerio Público asociada a Calles sin Violencia pasa a llamarse Plan FOCO y sube de $12.575 millones a $26.766 millones. Es un alza nominal de 112,8%.
El documento que compara ambas partidas lo dice de forma expresa: "el Plan Calle sin Violencia se reemplaza por el Plan FOCO".
Desde la Subsecretaría de Seguridad Pública sostuvieron que se trata de una reformulación y no de un recorte. Según la cartera, el programa mantendrá continuidad presupuestaria durante 2027 bajo el nuevo nombre.
La subsecretaría agregó que trabajó la modificación con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El objetivo, según explicó, es responder a observaciones de la Contraloría General de la República y de la Dirección de Presupuestos (Dipres), incluidos cambios en los indicadores con que se evalúan sus resultados.
La estrategia nació en abril de 2023. En ese momento, el gobierno de Boric enfrentaba un fuerte aumento de la preocupación ciudadana por los homicidios y los delitos violentos.
La decisión abrió un flanco con Carolina Tohá. Fue ministra del Interior durante buena parte de la implementación del plan y luego asumió como la primera ministra de Seguridad Pública del país.
"El Plan Calles Sin Violencia fue una parte central de la estrategia que permitió revertir el alza de homicidios", sostuvo la exsecretaria de Estado. Según Tohá, la iniciativa combinó cuatro áreas: control de armas, persecución penal mediante las unidades ECOH (equipos especializados de la Fiscalía en crimen organizado y homicidios), inversión focalizada en barrios críticos y más presencia policial en los sectores más violentos.
Sobre el proyecto de presupuesto, fue categórica: "El nuevo presupuesto lo descontinúa". A su juicio, el gobierno debería mantener lo que ha dado resultados y corregir lo necesario. "Las buenas políticas se deben reforzar, corregir y mejorar, no eliminarse", afirmó.
Su crítica más dura apuntó a la explicación oficial. "Si el propósito no es cerrar el programa, sino sólo cambiarle el nombre, sería un caso muy pobre y mezquino de marketing político", acusó.
Tohá ya había atribuido al plan parte del cambio de tendencia en los homicidios. En 2025 aseguró que su implementación permitió frenar por primera vez en ocho años el alza de estos delitos e iniciar una baja, aunque reconoció que los resultados aún eran insuficientes.
La nota no recoge declaraciones de parlamentarios oficialistas ni de otros actores sobre el cambio.
La disputa se trasladará al Congreso durante la tramitación del Presupuesto 2027. Ahí se discutirá cuánto se destina a seguridad y también qué políticas del gobierno anterior sobreviven al cambio de administración.
