La renovación anticipada de la concesión de Zofri S.A. hasta 2050 suma cinco denuncias ante la Contraloría de la República, presentadas por la senadora Luz Ebensperger, el diputado y senador electo Renzo Trisotti, dos particulares y la Asociación Usuarios Zofri A.G. (AUZ), según fuentes cercanas al proceso.

La decisión fue comunicada por la administración de Zofri S.A. y provocó un choque público en la región de Tarapacá. Fuentes consultadas indican que las denuncias se presentaron luego de la publicación de columnas de opinión y de recursos de actores locales que cuestionaron tanto el procedimiento adoptado por la empresa como su impacto en la competencia regional.

Desde la AUZ, su vicepresidente Felipe Illanes Petersen criticó el mecanismo elegido. En una columna local sostuvo "La reacción ciudadana y gremios no es casual. Responden a la percepción de una decisión tomada sin legitimidad social ni debate amplio". La asociación plantea que optar por una vía administrativa y consultar previamente a la Contraloría sobre su viabilidad jurídica no equivale a un respaldo político o social.

Los reclamos apuntan a que la extensión de la concesión hasta 2050, sin una licitación pública, limita la entrada de nuevos actores y consolida el modelo vigente por décadas. Entre las dudas que se han planteado están la fijación de tarifas, la concentración de poder en un único operador y el rol real que debe jugar la Zona Franca en el desarrollo económico de Iquique y la región de Tarapacá.

A los cuestionamientos públicos contra la decisión del presidente del directorio de Zofri, Iván Berríos, se sumaron las denuncias formales ante la Contraloría, lo que transforma un debate técnico en un conflicto con aristas institucionales. La Contraloría de la República, hasta donde consta en las fuentes consultadas, no ha emitido un pronunciamiento público sobre el estado de tramitación de estas denuncias.

El caso llega en un momento en que la Contraloría ha estado en el centro de otras controversias públicas, como la revisión de uso de símbolos oficiales por parte de la Oficina del Presidente Electo y procesos de toma de razón que afectan a distintos ministerios, lo que para algunos actores refuerza la importancia de un examen riguroso.

En la ciudad de Iquique, el debate también tomó un cariz local. El alcalde Mauricio Soria figura entre quienes han planteado objeciones, pero en el material entregado la intervención del jefe comunal aparece incompleta y no fue posible verificar su declaración completa. Por ahora, las denuncias contra la renovación de la concesión siguen en tramitación administrativa en la Contraloría, mientras el debate político y gremial sobre el modelo de la Zona Franca y su futuro en la región continúa.