El gobierno chileno incluyó el Crédito Tributario al Empleo entre las piezas clave del proyecto misceláneo de reconstrucción, apuntando a reducir el costo de contratar trabajadores formales en un mercado laboral bajo presión. El Ejecutivo estima que el mecanismo podría facilitar la incorporación de más de 800 mil personas desocupadas, en un contexto donde el desempleo ronda el 9% y el deterioro laboral golpea con más fuerza a mujeres y jóvenes.

El crédito funciona así: las empresas que contraten trabajadores formales de menores ingresos recibirían un beneficio de entre el 13% y el 16,5% de la remuneración, con variaciones según el sexo y la edad del trabajador. La idea es abaratar el costo de contratación y, de paso, fomentar la formalización laboral.

Pero un estudio del Centro de Estudios Financieros (CEF) del ESE Business School de la Universidad de los Andes pone freno al optimismo. El análisis, elaborado por Maximiliano Villalobos, investigador del centro, revisó lo ocurrido en Francia, Suecia, Finlandia y Colombia con instrumentos similares, y los resultados son dispares.

El antecedente más directo al diseño chileno es el de Francia. Entre 2013 y 2018, ese país aplicó el CICE (Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi, un crédito fiscal para competitividad y empleo) que llegó a representar cerca del 0,8% del PIB (Producto Interno Bruto) del país. La evaluación posterior fue decepcionante: el instrumento no llegó a quienes pretendía favorecer y, además, aumentó la desigualdad salarial dentro de las empresas al elevar las remuneraciones de trabajadores que no eran el grupo objetivo de la política.

El informe señala que el éxito de este tipo de créditos depende de dos factores clave: el nivel de informalidad del país y la capacidad de las empresas para trasladar el beneficio hacia nuevas contrataciones, en vez de usarlo para mejorar sus márgenes de ganancia o subir los sueldos de quienes ya tienen empleo. En economías con alta informalidad, el riesgo de que el incentivo no genere nuevos puestos formales es mayor.

El proyecto de reconstrucción continúa su tramitación en el Congreso. El instrumento chileno contempla diferencias de beneficio según sexo y edad como una forma de focalizar mejor el incentivo, un elemento que las experiencias revisadas por el CEF revelan como decisivo para evitar que el crédito termine beneficiando a quienes ya tenían empleo.