La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió con dureza a las críticas de sectores de la oposición tras la firma y posterior anulación de un decreto vinculado al proyecto de cable a China, y lo hizo en un contexto en que Estados Unidos canceló las visas del ministro de Transportes y de otros funcionarios del Gobierno chileno.

Vallejo afirmó que algunos sectores opositores han construido un relato político para desviar el foco, y acusó directamente de falta de patriotismo a quienes, según ella, ponen en duda la actuación del Ejecutivo. "O sea, dos más dos… es la construcción de un relato para eludir lo poco patriotas que terminan siendo algunos que se dicen patriotas", dijo la ministra.

La secretaria de Estado defendió la tramitación administrativa y la transparencia del Gobierno. Señaló que el proyecto nunca salió del cauce administrativo y que "desde el día uno hemos dicho que el proyecto de cable a China está en evaluación, hemos sido totalmente transparentes". Explicó además que se trata de un proceso complejo y que el decreto anulado es solo uno de los pasos requeridos, un trámite entre 13 que exige la aprobación de este tipo de iniciativas.

En su intervención, Vallejo vinculó las críticas con la reacción frente a medidas externas, y ubicó el debate en clave de soberanía. Acusó a la oposición de desviar la atención en vez de condenar lo que describió como sanciones unilaterales de un gobierno extranjero contra miembros del Ejecutivo. "El resto es pura intencionalidad de poner un manto de duda y sospecha, en vez de condenar sanciones unilaterales y arbitrarias de un gobierno extranjero contra un ministro de Estado", dijo la ministra.

El trasfondo es claro: la controversia surgió luego de que se conociera la anulación del decreto y la cancelación de visas por parte de Estados Unidos, medida que desafía la estabilidad diplomática y añade presión política sobre el Ejecutivo. Vallejo recordó que China es, según ella, nuestro principal socio comercial, y que viajes y reuniones con representantes chinos son prácticas habituales de autoridades y gremios en décadas recientes.

Históricamente, la relación comercial con China ha sido un eje para la economía chilena, pero también terreno de debates recurrentes sobre seguridad, dependencia y transparencia en inversiones estratégicas. En ese sentido, la discusión actual pone en tensión dos líneas: defensa de la apertura económica y temor a presiones externas o riesgos para la soberanía.

Políticamente, la disputa tiene ganadores y perdedores. La oposición puede sacar rédito político al instalar cuestionamientos sobre seguridad y transparencia, mientras que el Gobierno busca contener daños explicando el carácter técnico y administrativo del proceso. Para la ciudadanía, el impacto es indirecto pero real: incertidumbre sobre proyectos estratégicos, riesgo de enfriamiento de inversiones y erosión de la confianza en las instituciones públicas.

En lo operativo, el proyecto sigue en evaluación administrativa, según el Ejecutivo, y quedan trámites pendientes dentro de los 13 pasos descritos por la ministra. La polémica probablemente obligará al Gobierno a mayores explicaciones públicas y a ajustar su estrategia comunicacional. También abre la puerta a fiscalizaciones parlamentarias o requerimientos de mayor información por parte de organismos reguladores, si así lo exige la oposición o se lo solicitan otras instancias.

La discusión continuará en clave de política exterior y soberanía. El Ejecutivo debe demostrar que puede tramitar proyectos complejos sin ceder a presiones externas ni descuidar controles, y la oposición, que tiene motivos reales para fiscalizar, debe evitar transformar esa tarea en una guerra de relatos que termine por debilitar la capacidad de decisión estatal sobre inversiones estratégicas.