Según BioBioChile, el proyecto de Presupuesto 2027 que presentó el Gobierno reduce en $793 mil millones los recursos de 220 programas públicos. La Dirección de Presupuestos (Dipres) revisó 590 iniciativas antes de definir esos ajustes. Ningún otro medio ha confirmado por ahora la cifra.
El Ejecutivo afirma que su objetivo es ordenar las finanzas públicas y que las personas que cumplan los requisitos no perderán sus beneficios. Sin embargo, el medio no detalla cómo se financiarán las prestaciones con menos dinero, y esa duda instaló el debate en el Congreso.
Para justificar la revisión, el Gobierno apuntó a dos casos. El primero es el Crédito con Aval del Estado (CAE), el sistema de financiamiento universitario, cuyo costo fiscal cuestiona porque muchos deudores no pagan lo que deben. El segundo son los supuestos cobros por raciones que nunca se entregaron en contratos de alimentación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), hoy bajo investigación. Con ambos ejemplos, La Moneda defiende una fiscalización más estricta.
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, describió el proyecto como de contención. Explicó que el aumento del gasto rondaba el 1% hasta horas antes del anuncio. "El presidente toma la decisión de agregarle un medio por ciento más, precisamente tratando de buscar crecimiento, tratando de buscar empleo", dijo Mas.
Las críticas se concentran en dos programas. De acuerdo con CIPER, citado por BioBioChile, Cuidado Alternativo Residencial, que atiende a niños, niñas y adolescentes con graves vulneraciones de derechos, recibirá $16.879 millones menos en 2027. Eso, aunque la propia Dipres lo había evaluado de manera favorable.
La Ley Ricarte Soto, que financia tratamientos de alto costo para enfermedades graves, tendría una rebaja cercana a $28 mil millones. La ministra de Salud, May Chomali, aseguró que los pacientes con cobertura vigente mantendrán sus medicamentos. Falta saber cómo se sostendrá ese compromiso con menos presupuesto.
Los reparos también llegan desde parlamentarios. La diputada independiente Marlene Pérez, cercana a la UDI, aceptó la necesidad de gastar con más eficiencia, pero se opuso a tocar la ayuda social. "No soy partidaria de que se eliminen programas sociales ni que se recorten los programas sociales, porque detrás de esos programas hay familias", afirmó.
Zandra Parisi, diputada del Partido de la Gente (PDG) y miembro de la Comisión de Desarrollo Social, exigió garantías para los hogares vulnerables. "La responsabilidad fiscal es necesaria, pero jamás puede estar desconectada de la responsabilidad social", sostuvo.
¿Quién pierde? En lo inmediato, los programas afectados y sus usuarios, si los recortes se traducen en menos atención. El Gobierno apuesta a que la austeridad libere espacio para crecer y crear empleo.
La discusión pasa ahora a las cinco subcomisiones de Presupuestos y a la Comisión Especial Mixta, donde se revisarán las partidas y podrían cambiar. El Congreso dispone de 60 días para despachar la ley.
