En Chile, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, afirmó que la Ley Uber podría entrar en vigencia en 2026 y que la Ley CATI avanzará con urgencia, ya que ambos proyectos requieren plataformas tecnológicas para funcionar y ninguna existía al inicio de la actual gestión. El titular señaló que, para la Ley Uber, la plataforma EAT no existía y que el gobierno anterior gastó más de 500 millones de pesos en una consultoría para desarrollarla, la cual tuvo que ser licitada de nuevo. «Los dos proyectos necesitan una plataforma y ninguna de las dos plataformas ha existido», afirmó, y aclaró que ya se está trabajando en la nueva licitación para la mencionada plataforma. También explicó que, respecto a la Ley CATI, se necesita instalar cámaras y todo el software que capture la información, y que se ingresó un nuevo reglamento para proteger el empleo y asegurar la calidad de servicio. Aseguró que la versión anterior del reglamento era espantosa y dejaba fuera al 85% de los vehículos. Yo espero que la Ley EAT este 2026, y la Ley CATI también esperamos avanzar con bastante celeridad, con sentido de urgencia y esperamos tener buenas noticias pronto, afirmó.
Por otra parte, sobre el tren Santiago-Valparaíso, De Grange dijo que es un proyecto que tiene mucho mérito, aunque señaló que fue anunciado por el gobierno anterior sin estudios y que el contrato de licitación para su estudio fue retirado de Contraloría. Este marco refleja la complejidad de modernizar el transporte en Chile y deja en claro la necesidad de antecedentes técnicos antes de avanzar en grandes proyectos de infraestructura. El contexto actual apunta a un marco regulatorio más claro para plataformas de transporte y para la fiscalización automatizada, mientras se evalúan inversiones ferroviarias que requieren estudios rigurosos y viabilidad económica.
En resumen, la administración busca avanzar con la Ley Uber y la Ley CATI para formalizar y modernizar el transporte de base digital, al tiempo que revisa críticamente proyectos de infraestructura como el tren Valparaíso-Santiago para evitar anuncios sin fundamentación técnica, con el objetivo de proteger empleo, seguridad vial y servicio a los ciudadanos.