La ministra de Obras Públicas, Jéssica López, defendió el reciente aumento del sueldo del Presidente Gabriel Boric en $3 millones, que eleva su remuneración de $7 millones a $10 millones debido a un bono establecido por el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG). Este sistema de bonificación, que se paga trimestralmente a los funcionarios públicos, se basa en el cumplimiento de metas institucionales, y la ministra destacó que es un mecanismo histórico dentro del Estado chileno, argumentando que no depende directamente del gobierno.
La controversia surgió en un contexto de déficit fiscal, generando críticas tanto de la oposición como de algunos sectores progresistas, incluyendo al diputado Jaime Mulet, quien instó a reponer los fondos. La controversia resalta la tensión entre la percepción pública de los altos sueldos de los funcionarios estatales y la realidad de un sistema que busca premiar el desempeño institucional.
Históricamente, los bonos de desempeño han sido objeto de debate en Chile, dado el aumento de las demandas ciudadanas por una mayor equidad fiscal y una administración pública eficiente. Este hecho pone de relieve la importancia de la transparencia en la gestión pública y cómo estos aumentos afectan la percepción del gobierno ante una ciudadanía que enfrenta desafíos económicos.