A pocos días de asumir, el presidente electo José Antonio Kast enfrenta la caída histórica de la fecundidad en Chile, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que sitúan 2028 como el año en que los fallecimientos superarán a los nacimientos. El fenómeno obliga al nuevo gobierno a diseñar políticas más allá de incentivos puntuales.

La estimación del INE proyecta una media de 0,92 hijos por mujer, una cifra que, de confirmarse, ubica a Chile entre los países con menor fecundidad de América Latina. Macarena Arriagada, directora de Obstetricia de la Universidad Andrés Bello, Universidad privada chilena, explica que esa cifra está muy por debajo del umbral de reemplazo generacional, que es de 2,1. Los demógrafos advierten además que desde 2035 la población comenzará a disminuir y el proceso de envejecimiento se acelerará.

Ese cambio demográfico tiene consecuencias directas para el Estado y los ciudadanos. La reducción sostenida de nacimientos tensiona los sistemas de salud, las políticas de cuidado, las pensiones y la financiación pública. Menos personas en edad laboral implica menor recaudación futura y presión sobre pensiones y servicios sanitarios destinados a adultos mayores.

En campaña, el presidente electo José Antonio Kast presentó el "Plan Renace Chile", un paquete de medidas sociales y fiscales cuyo eje es incentivar la natalidad. El plan propone, entre otras medidas, una asignación universal por hijo con $1 millón para la madre al nacer y $1 millón en una cuenta de ahorro para el hijo, exenciones tributarias escalonadas según número de hijos, la reforma al Artículo 203 del Código del Trabajo que busca garantizar sala cuna universal, y cambios legales para facilitar la compatibilidad entre trabajo y familia.

Voces expertas señalan que las medidas anunciadas pueden ofrecer alivio inmediato a las familias, pero no garantizan un cambio estructural en las tasas de fecundidad. Benjamín Villena, economista de la Universidad Andrés Bello, Universidad privada chilena, advierte que "apoyar sólo el nacimiento con un bono difícilmente mueve la aguja". Virginia Latorre, directora de la Fundación Emma y trabajadora social chilena, añade que el fenómeno se ha venido advirtiendo desde hace años y que las políticas deben abordar vivienda, estabilidad laboral y redes de cuidado.

Históricamente, las transiciones demográficas se resuelven con un abanico de políticas: incentivos económicos, pero también cambios en mercado laboral, guarderías, permisos parentales y acceso a vivienda asequible. En ese sentido, el desafío para el gobierno de Kast no es solo financiar transferencias, sino articular medidas que afecten decisiones de vida a mediano plazo.

Quién gana y quién pierde será claro cuando se detallen los montos, la focalización y el financiamiento. A corto plazo, ganan las familias que reciban la ayuda directa y las empresas que accedan a exenciones tributarias. A largo plazo, quienes podrían perder son los contribuyentes si las medidas aumentan el déficit público sin ajustes estructurales, y las generaciones futuras si no se asegura la sostenibilidad del sistema de pensiones y salud.

En ese contexto, la agenda inmediata del nuevo gobierno debe incluir estimaciones fiscales transparentes, evaluación de impacto y coordinación entre ministerios de Salud, Trabajo, Hacienda y Desarrollo Social. Sin esas definiciones, las proyecciones del INE seguirán siendo una advertencia sin respuesta suficiente, y el envejecimiento poblacional continuará moldeando la economía y el día a día de los chilenos.