Un tribunal de Osorno condenó al Servicio de Salud y a un hospital al pago de 150 millones de pesos a una mujer de 28 años, tras determinarse una negligencia médica durante su parto. La gestante, que enfrentaba un embarazo de alto riesgo, recibió atención únicamente de una matrona, sin la presencia de un ginecólogo, según consta en el fallo y lo informado por el medio local. La sentencia destaca que, pese a las condiciones del embarazo, la atención clínica no tuvo las salvaguardas esperadas y que ello configuró un manejo deficiente de la urgencia obstétrica.
Tras el parto, que no presentó complicaciones para el recién nacido, se realizaron maniobras para acelerar la salida de la placenta que no correspondían. Estas acciones provocaron una inversión uterina, una emergencia que obligó a la mujer a ser trasladada de forma urgente a pabellón. Durante la cirugía, fue necesaria una histerectomía para salvar su vida, decisión que le quitó la posibilidad de volver a ser madre y que dejó a la gestante en coma inducido, con transfusiones sanguíneas y secuelas psicológicas, además de impedirle crear el vínculo inicial con su hijo.
El fallo se apoya en informes periciales que evidenciaron un manejo clínico deficiente y fichas médicas con registros inconsistentes. También se señaló que una alumna en práctica participó en el procedimiento sin el consentimiento informado de la paciente. La abogada Roxana Carrasco, representante de la mujer, indicó que el caso evidencia la necesidad de revisar los protocolos en urgencias obstétricas y fortalecer los estándares de atención para evitar situaciones que puedan constituir violencia obstétrica dentro del sistema de salud. Según Diario Sur Noticias, el medio que reportó el caso, la resolución busca ampliar el debate sobre la calidad de la atención maternoinfantil en la región.
Este caso coloca nuevamente en el debate público la relación entre normativas de consentimiento, supervisión en prácticas y la necesidad de protocolos claros en emergencias obstétricas, un tema que desde hace años es central para la defensa de los derechos de las gestantes en Chile. El fallo podría convertirse en precedente sobre responsabilidad institucional ante negligencias graves en parto y la importancia de contar con equipos multidisciplinarios en situaciones de alto riesgo.
