La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, conocida como SADP, que promete cambiar la estructura del fútbol chileno. La reforma establece tres ejes: prohíbe la multipropiedad, separa la ANFP de la Federación y veta a los agentes de jugadores de los directorios. Es decir, busca desatorar una gobernanza que durante años funcionó con una lógica de intereses privados que no ejercían contrapesos efectivos.
El contexto no es menor. La selección nacional fue goleada por Nueva Zelanda, un equipo que llevaba ocho meses sin ganar, en una región de amistosos trascendentales que no dejó ver un camino claro hacia el Mundial. Chile encara la posibilidad de ver su tercera Copa del Mundo consecutiva sin clasificación en cancha, tras la sanción FIFAs en el pasado relacionado con el caso Rojas. En ese escenario, la pregunta obvia es si la reforma realmente puede revertir una crisis que muchos describen como sistémica.
El autor de esta columna sostiene que la reforma SADP es una condición necesaria, pero no suficiente. Es necesaria porque el fútbol local ha estado capturado por intereses privados que operan sin contrapesos; es insuficiente porque el problema de fondo parece ir más allá de una norma. En una columna anterior ya señalé que las lógicas del dinero, la política y los medios se han instalado dentro del juego y ya no son presiones externas que se filtran hacia el fútbol, sino un elemento constitutivo del sistema. ¿Puede una ley cambiar ese marco? El análisis sugiere que, aun con la reforma, quedan brechas que requieren cambios más profundos.
Vamos por partes. ¿Qué intenta corregir la reforma? Entre otros aspectos, la normativa apunta a frenar prácticas que han debilitado la integridad deportiva y la gestión institucional. La evidencia de años de gestión sin contrapesos alimenta la pregunta sobre si una norma, por sí sola, puede restaurar la confianza pública y la gobernanza responsable. En ese marco, la reforma se presenta como un paso, no como la solución definitiva, y obliga a observar quién gana y quién pierde con el nuevo diseño institucional, y cómo afecta al ciudadano común que paga entradas, impuestos y la publicidad que sostiene al fútbol chileno. En este proceso, quedan por definirse mecanismos de implementación, supervisión y sanciones que aseguren que la separación entre entidades deportivas no se convierta en una formalidad sin impacto real.