Cada vez que compras una entrada a un concierto masivo, aparece una línea en el resumen de pago que la mayoría acepta sin mayores preguntas: el cargo por servicio. Un cobro adicional que se agrega al precio del boleto y que, a pesar de financiar las mismas funciones básicas, varía de forma considerable según el valor del asiento elegido.

El mecanismo es sencillo: las plataformas de venta aplican un porcentaje sobre el valor total del ticket. En Chile, ese porcentaje oscila habitualmente entre el 10% y el 20%, dependiendo de la masividad del evento. Con ese monto se financian los canales de atención al cliente, la página web, el call center, los puntos de venta presenciales, los controles de acceso y los sistemas antifalsificación.

El problema aparece cuando se revisan los números en detalle. Para el recital de Ed Sheeran en el Estadio Bicentenario La Florida, programado para noviembre de 2026, el cargo fijado es del 16,5%. Quien compra un boleto en la localidad Pacífico Centro, a $250.000, paga $41.250 adicionales. Quien opta por la Cancha General, a $56.000, desembolsa solo $9.240. La ticketera cobra hasta tres veces más según la ubicación, aunque el servicio entregado sea idéntico en ambos casos.

Es una brecha que no pasa desapercibida para quienes estudian el derecho del consumidor. Betty Martínez-Cárdenas, abogada, profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae y especialista en derechos del consumidor, señala que no existe necesariamente una ilegalidad en este esquema. "En principio, las empresas tienen libertad para estructurar sus precios", dice. Pero añade una distinción clave: "El aspecto jurídicamente relevante no es tanto que el cargo sea porcentual, sino que el consumidor haya recibido la información clara, previa y completa sobre su monto y la forma en que se determina".

La transparencia es el eje del debate. Cuando el servicio prestado es esencialmente el mismo, procesar una transacción y emitir una entrada, la pregunta es si el precio del boleto debería incidir en el cobro adicional. La ley no lo prohíbe, pero la lógica económica lo vuelve difícil de justificar.

Lo concreto es que el cargo por servicio se asume hoy sin mayor cuestionamiento, y exigir su devolución en caso de cancelación puede volverse un proceso complejo para los usuarios. Para Martínez-Cárdenas, el desafío está en que los consumidores reciban información clara y anticipada sobre cómo se calcula este cobro antes de concretar la compra, algo que no siempre ocurre con la claridad necesaria.