El viernes la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucionales las tasas que había aplicado la administración anterior, pero horas más tarde el presidente Donald Trump afirmó que elevaría las sobretasas generales hasta 15% invocando una norma de 1974, lo que generó inquietud entre exportadores y gremios en Chile.

La medida anunciada se apoya en la llamada Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición poco usada que permite imponer aranceles de hasta 15%, pero que requiere la aprobación del Congreso de Estados Unidos para prorrogarlos más allá de 150 días. Su invocación sería inédita en la presidencia y abre la puerta a nuevas impugnaciones legales y a una mayor incertidumbre regulatoria para el comercio internacional.

La Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa, dijo que hasta ahora Chile enfrenta un arancel base general del 10%, lo que, en su opinión, ya perjudica la competitividad de las exportaciones nacionales. Los gremios advierten que llevar la tarifa al 15% pondría presión adicional sobre sectores expor tadores y destacaron que "la negociación de un acuerdo comercial con ese país en los próximos cinco meses para mejorar nuestra situación arancelaria se sitúa como un objetivo central", según su comunicado.

Frutas de Chile, gremio que representa a exportadores hortofrutícolas, señaló que la medida crea una "condición desigual entre los países exportadores", porque mientras competidores están terminando sus envíos al mercado estadounidense, Chile inicia su temporada de exportación de uvas de mesa, uno de los productos más expuestos a un alza arancelaria.

La Sociedad Nacional de Minería, Sonami, también manifestó preocupación por el anuncio. En la versión disponible del comunicado la cita relativa a su evaluación quedó incompleta, por lo que no es posible reproducir textualmente su posición final desde la fuente original.

Para Chile la decisión importa porque amplía la presión sobre la competitividad de las exportaciones en un momento de alta estacionalidad en sectores climáticos y hortofrutícolas. Los gremios piden usar el período de 150 días como ventana para negociar con Washington, pero esa estrategia dependerá de la respuesta del Congreso de Estados Unidos y de eventuales recursos judiciales que enfrenten la medida.

En clave política y económica, el episodio refleja la persistencia de tendencias proteccionistas en la principal economía global y obliga a los actores chilenos a evaluar medidas de corto plazo, como reprogramar envíos, mecanismos de seguro comercial y acelerar mesas bilaterales, junto con una revisión estratégica para diversificar mercados y reducir vulnerabilidades frente a cambios súbitos en políticas arancelarias.