Sendas denuncias estampó este miércoles el director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Fernando Peña, ante el Ministerio Público, la Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), por un presunto fraude que ascendería a unos $14 mil millones de pesos (más de USD 15 millones) en raciones de “onces” (merienda) que nunca llegaron a escolares de la región de O´Higgins, bajo el gobierno de Gabriel Boric. De acuerdo a Peña, luego de la auditoría interna ordenada por el presidente José Antonio Kast a más de 500 organismos públicos, aparecieron “pagos por onces que no se entregaron y modificaciones de contrato sin toma de razones” entre los años 2022 y 2023, en tratos directos con la empresa Soser.
PUBLICIDAD Según reza la acusación, un exasesor jurídico de la Junaeb, Alejandro Layseca, quien trabaja en Soser desde 2023, le recomendó a la exdirectora nacional del organismo, Camila Rubio, realizar modificaciones a los contratos con dicha empresa mediante resoluciones exentas, sin pasar por la Contraloría General de la República (CGR), las que aumentaron tanto la cantidad de raciones como el valor de cada una. Sin embargo, dichas imputaciones fueron desmentidas por la exdirectora nacional de la Junaeb, Camila Rubio, quien sostuvo que los contratos aludidos vienen de la época del expresidente Sebastián Piñera, y corresponden específicamente a una licitación del año 2020.
PUBLICIDAD “Esto fue investigado por Contraloría. Ellos no solo revisaron y descartaron la denuncia de los $3.500 millones (...) Auditaron todo el período de contrato y sus pagos”, señaló Rubio a BioBíoChile, acusando de paso que la nueva administración busca desviar la atención y “soslayar” los recortes al presupuesto del organismo ordenados por el Ejecutivo.
Sobrepagos por ración En entrevista con el medio citado, Fernando Peña volvió a la carga y afirmó que “recuperamos un correo electrónico en el que el exjefe jurídico, Alejandro Layseca —quien hoy trabaja en Soser—, le recomienda a la exdirectora nacional de Junaeb, Camila Rubio, que las modificaciones contractuales podían realizarse mediante resoluciones exentas, sin pasar por Contraloría", cuando lo legal era que “cualquier modificación contractual también estuviera afecta a ese trámite”. PUBLICIDAD Peña aseguró además que dicho correo fue eliminado “por el remitente” y que “por eso hablamos de nuevos antecedentes y nuevas líneas de investigación, muy distintas a las que le correspondió responder a la exdirectora ante Contraloría”.
“Inicialmente (la investigación) siempre estuvo circunscrita a un monto de $3.500 millones en la región de O’Higgins, con la misma empresa que hoy estamos investigando. Lo que pesquisamos es que estos contratos fueron modificados en 2022 y 2023 mediante resoluciones exentas.