El presidente José Antonio Kast asumió este lunes la responsabilidad de su gobierno por las rebajas de condena que beneficiaron a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, según BioBioChile. En la misma declaración confirmó que Fernando Rabat seguirá como ministro de Justicia.
Kast habló después de reunirse con senadores y diputados para discutir cambios legales. Sobre las víctimas, dijo: "El Estado les falló".
El mandatario calificó lo ocurrido como muy grave e inaceptable. "No hay explicación técnica, ni criterio jurídico, ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel", sostuvo Kast, de acuerdo con el medio.
También aceptó el costo político. "Nos hacemos cargo con todo el costo que ello tenga", afirmó el presidente.
Sin embargo, no habrá cambio en la cartera. Kast argumentó que remover a un ministro y a su equipo puede calmar los ánimos un par de días, pero deja intacto el problema. Por eso, explicó, optó por corregir el error y cerrar esa puerta de manera definitiva.
La tarea que recibió Rabat es concreta. Según el presidente, deberá liderar las soluciones, aclarar qué pasó y garantizar que el episodio no se repita.
La nota de BioBioChile no detalla cuántos decretos están en cuestión ni cuál será su destino. Otras coberturas previas del mismo medio aportan antecedentes. El vocero de gobierno, José Antonio Arenas, dijo que Rabat busca una fórmula para suspender 56 rebajas de pena ya firmadas. Además, el Ejecutivo descartó un error legal en esos decretos y anunció un proyecto de ley.
Arenas también reconoció que faltó una "visión más política" y admitió falencias humanas en el trato con las víctimas.
Las críticas llegan desde ambos lados. En el oficialismo, el senador Rojo Edwards pidió la renuncia de Rabat, porque a su juicio el error arrastrará a todo el sector, aunque estimó que una acusación constitucional no prosperaría.
En la oposición, el diputado socialista Leiva sigue evaluando presentar esa acusación constitucional contra el ministro. El parlamentario del Partido Socialista (PS) acusa al gobierno de desinformar y sostiene que el titular de Justicia no tiene facultades para interpretar la ley.
Con la decisión de Kast, el futuro de Rabat queda en manos del Congreso. Si Leiva concreta la acusación, la Cámara de Diputados deberá votarla, mientras el Ejecutivo prepara el proyecto de ley que anunció.
