Según Emol, el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas, reconoció que faltó una "visión más política" en la firma de 56 rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad. El Ministerio de Justicia firmó esos decretos. Arenas también anticipó que el ministro Fernando Rabat busca una fórmula para suspenderlos.
El caso abrió un flanco político al gobierno. Hubo críticas desde el propio oficialismo y, de acuerdo con el medio, un impacto en las encuestas. El Ejecutivo busca ahora retrotraer los decretos administrativos y legislar una reforma constitucional.
El jueves pasado, Arenas había calificado las firmas como un "procedimiento impecable". En T13 Radio, corrigió el tono. Explicó que se refería a lo constitucional, legal y reglamentario. "Quizás no fue la mejor expresión", dijo, y agregó que "humanamente, ahí estamos en deuda".
El vocero apuntó a la comunicación con las víctimas y su participación en el proceso. Según dijo, el propio Rabat reconoció "problemas humanos muy dolorosos". Sin embargo, defendió que no hubo un decreto "entre gallos y medianoche" y que existió "total transparencia".
Arenas evitó hablar de error. "Reconocemos no un error, sino que hay un procedimiento que está mal hecho", sostuvo. Argumentó que admitir un error implicaría haber actuado fuera de la ley o la Constitución.
Sobre los decretos ya firmados, fue cauto. "Yo lo encuentro muy difícil, pero el ministro está buscando la fórmula", afirmó. Añadió que Rabat tiene un equipo asesor y anunciará la salida apenas la encuentre.
El vocero descartó un problema de procedimiento en que el Presidente no estuviera al tanto. Explicó que muchos actos administrativos se firman a su nombre sin consulta caso a caso. Admitió, eso sí, que con una mirada más política se habrían anticipado las reacciones y advertido al mandatario.
La oposición evalúa una acusación constitucional contra Rabat. Arenas respondió que el Presidente confía en el ministro y que la acusación es una facultad del Congreso. Según él, una causal por incumplir la ley o la Constitución "no tiene ningún fundamento en la realidad".
El gobierno citó para las 8:30 de este lunes a los presidentes de ambas Cámaras, de comisiones y de partidos. Allí presentará un proyecto de ley con tres ejes: protección de las víctimas, una norma sin dudas sobre su aplicación retroactiva y la creación de tribunales ejecutores de penas.
