Carabineros detuvo en Puerto Saavedra, en la Región de La Araucanía, a un ciudadano chino de 51 años. Según la policía, el hombre ofreció $100 mil en efectivo a un funcionario para que no lo sancionara durante la fiscalización de un local de juegos de azar. Las fuentes no informan la fecha exacta del procedimiento.
De acuerdo con BioBioChile, el personal de la Tenencia Puerto Saavedra fiscalizó un local de juegos de azar y máquinas de destreza. Los carabineros constataron que el recinto funcionaba sin permiso ni patente municipal.
Al ser notificado de la infracción, el administrador del local habría ofrecido el dinero a uno de los funcionarios para dejar sin efecto la sanción. Según el mismo medio, el carabinero le respondió: "A Carabineros no se le soborna". Luego lo detuvieron.
El mayor José Bustamante, comisario de la 4.ª Comisaría de Nueva Imperial, explicó que "el regente del local le ofrece la suma de 100 mil pesos en dinero en efectivo. Ante eso, personal de Carabineros procede a la inmediata detención del ciudadano y pone los antecedentes en conocimiento de la Fiscalía Local". Según CNN Chile, la policía incautó el dinero como evidencia.
La detención fue por cohecho, el delito que comete quien ofrece o entrega un beneficio a un funcionario público para que haga u omita algo propio de su cargo. En este caso, la imputación se refiere al ofrecimiento. La ley sanciona el ofrecimiento aunque el funcionario rechace el dinero.
Todos los antecedentes provienen de Carabineros. Las fuentes no recogen una versión del detenido ni de su defensa.
Carabineros trasladó al detenido al cuartel de la Tenencia de Puerto Saavedra a la espera de lo que decidiera el fiscal de flagrancia, que evalúa los casos de detenidos sorprendidos en el momento del hecho. Según la policía, el hombre tiene la condición de autodenunciado (persona que informó por iniciativa propia su situación migratoria irregular) y firma mensualmente ante la Policía de Investigaciones (PDI).
En esta etapa, el hombre está detenido y no formalizado. La Fiscalía debe decidir si lo lleva a una audiencia de control de detención, donde podría ser formalizado, es decir, informado de manera oficial de que lo investigan. Las fuentes no informan el resultado de esa decisión ni el número de causa (RUC). Mientras no exista una sentencia, el detenido se presume inocente.