El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, criticó a la oposición por el requerimiento que presentó ante el Tribunal Constitucional (TC). El recurso apunta contra el proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), que el Congreso despachó tras su aprobación en el Senado.
De acuerdo con T13, el ministro sostuvo que "no es novedad que cierto sector se oponga a todo lo que sea la legitimidad de la acción policial, apoyar el orden y la seguridad". También apuntó directamente al Partido Comunista (PC) y a "algunos senadores del Partido Socialista (PS)".
Según CNN Chile, 16 senadores de oposición firmaron el requerimiento. El texto busca impugnar normas vinculadas al uso de la fuerza potencialmente letal y al principio de proporcionalidad, que obliga a ajustar la respuesta policial al nivel de la amenaza.
El punto más disputado es la expresión que permite usar armamento letal ante ataques a infraestructura crítica o recintos militares. Los senadores argumentan que esa redacción no exige una amenaza concreta contra la vida o la integridad física de las personas.
Los parlamentarios también cuestionaron artículos del Código de Justicia Militar que contemplan eximentes de responsabilidad penal. A su juicio, tener la atribución legal para intervenir y cumplir las condiciones que autorizan el medio empleado son exigencias distintas. Según el requerimiento, separarlas resulta indispensable para proteger el derecho a la vida.
Las fuentes no detallan el resto del contenido de la ley ni explican en qué cambian, punto por punto, las reglas que hoy aplican Carabineros y las demás policías. Tampoco informan los plazos del TC para resolver.
Arrau dijo que el Gobierno seguirá el proceso: "vamos a ver ese proceso en qué queda". Luego defendió el respaldo transversal que obtuvo el proyecto. Recordó que la iniciativa pasó tres años en tramitación y que la comisión mixta llevaba más de un año y medio sin sesionar.
El texto final se aprobó con 111 votos a favor en la Cámara de Diputados y 29 en el Senado. Para el ministro, esas cifras muestran "mayorías que traspasan el oficialismo".
El conflicto deja dos posiciones claras. El Gobierno busca dar más herramientas y respaldo jurídico a los policías que enfrentan al crimen organizado. La oposición que firmó el recurso pide límites más precisos antes de autorizar el uso de fuerza letal.
El ministro enmarcó la ley en una agenda de más de 30 proyectos de seguridad. Mencionó la ampliación de la flagrancia de 12 a 24 horas, ya publicada, y la ley antiencapuchados. También citó la mejora de remuneraciones por riesgo para carabineros.
Arrau anunció que en las próximas semanas el Gobierno ingresará un proyecto para mejorar las remuneraciones de la Policía de Investigaciones (PDI). Mientras tanto, la entrada en vigencia de las RUF depende de lo que resuelva el Tribunal Constitucional.
