El Juzgado de Garantía de La Serena decretó prisión preventiva para dos médicos cirujanos, de 40 y 30 años. Ambos fueron formalizados por emitir en conjunto más de 21 mil licencias médicas falsas, sin un diagnóstico que las justificara.
Según informó BioBioChile, los imputados están identificados con las iniciales C.F.P.V. y F.J.D.W. Al primero se le atribuye la emisión de 16.718 licencias y al segundo, otras 4.537.
Los dos médicos también fueron formalizados por fraude de subvenciones estatales. En el caso de F.J.D.W., la imputación incluye además lavado de activos. Las fuentes no informan el número de causa (RIT o RUC).
La formalización es la etapa en que la Fiscalía comunica formalmente a una persona, ante un juez, que la investiga por determinados delitos. No equivale a una condena, y ambos médicos mantienen la presunción de inocencia.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, los profesionales habrían aprovechado su condición de médicos para ofrecer licencias a particulares. Los precios fluctuaban entre $70 mil y $120 mil por documento, según la indagatoria policial citada por CNN Chile a partir de Diario El Día.
Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a ambos el sábado anterior a la audiencia. Lo hicieron con una orden de entrada y registro emitida por el tribunal serenense, en sus domicilios particulares y lugares de trabajo.
En los allanamientos, la PDI incautó teléfonos celulares, computadores, talonarios de licencias médicas y una camioneta BYD Shark, año 2025. Según escribió la PDI de Coquimbo en X, ambos detenidos pasarían a control de detención por instrucción del Ministerio Público.
La prisión preventiva es una medida cautelar: mantiene a los imputados privados de libertad mientras avanza la investigación, antes de cualquier juicio. El tribunal la decretó a solicitud del Ministerio Público.
El juzgado fijó un plazo de investigación de 90 días. En ese período, la Fiscalía deberá completar las diligencias pendientes, incluido el análisis de los equipos y documentos incautados, antes de decidir si acusa a los imputados.
