La Corte Suprema confirmó en abril un fallo que tildó de "arbitraria e ilegal" la actuación de la Subsecretaría de Educación Superior, entonces encabezada por Víctor Orellana (FA), al modificar unilateralmente los criterios para el cálculo de los aranceles regulados. Esta decisión judicial valida la sentencia previa de la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió un recurso de protección presentado en 2024 por el Instituto Profesional Santo Tomás.
Según detalló El Mercurio este domingo, la controversia se centró en cambios introducidos en la metodología de financiamiento que el Estado paga por alumno en gratuidad para el 2025. La Corte de Apelaciones de Santiago concluyó que la subsecretaría incurrió en una actuación "arbitraria e ilegal", debido a que las modificaciones en los criterios -vinculados al tamaño de las instituciones técnico-profesionales- no habían sido observadas por la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles (CERA) y carecían de fundamentos técnicos suficientes que justificaran su implementación.
El tribunal de alzada capitalino ordenó al Ministerio de Educación (Mineduc) corregir las resoluciones impugnadas y restablecer los criterios originales que figuraban en la resolución previa de febrero de 2024 de la subsecretaría. Asimismo, instruyó recalcular los aranceles derivados de esos parámetros, lo que tiene un impacto económico significativo para el erario fiscal.
Impacto presupuestario Según datos de la Subsecretaría de Educación Superior, la resolución de la Corte Suprema obliga a distribuir de manera retroactiva más de 19 mil millones de pesos correspondientes a 2025 y sumar cerca de 20 mil millones de la divisa nacional adicionales en 2026 para las mismas casas de estudio. De este modo, el impacto total para ambos ejercicios alcanzaría aproximadamente los 39 mil millones de pesos, recursos que beneficiarían a 10 instituciones de enseñanza terciaria.
En la práctica, este fallo revierte una parte considerable del ajuste aplicado al presupuesto de gratuidad, tras una instrucción de Hacienda para recortar el gasto del Mineduc. Diez instituciones de educación superior técnico-profesional se verán beneficiadas con la distribución retroactiva de más de $19 mil millones para 2025 y otros $20 mil millones en 2026.
