El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, acusó que el proyecto de Ley de Presupuestos pone en riesgo la autonomía de la Fiscalía, la Contraloría y el Servicio Electoral (Servel). Según El Mostrador, lo planteó esta mañana en La Moneda ante el vicepresidente Claudio Alvarado, en una reunión a la que llegó con varios fiscales regionales.
La cita fue parte de la discusión del Presupuesto 2027. El medio también describe el encuentro como una conversación sobre el "presupuesto 2026 del Ministerio Público", así que el texto no deja claro a qué ejercicio corresponden algunas cifras.
Valencia cuestionó los montos para que funcione la Fiscalía Supraterritorial y para los nuevos compromisos de los equipos contra el crimen organizado (ECOH), que forman parte central de la estrategia contra ese delito. De acuerdo con su planteamiento, la propuesta del Ministerio de Hacienda trae recursos inferiores a los que aprobó el Congreso.
El recorte que denuncia afecta a tres frentes: la Ley de Fortalecimiento, que contempla más fiscales; el segundo año de la Fiscalía Supraterritorial, y las medidas de seguridad para fiscales amenazados. La nota no detalla montos ni porcentajes de la diferencia.
El punto más delicado vino después. Valencia dijo que también habló "por encargo de la Contralora General de la República y de la Directora del Servicio Electoral". Los tres organismos tienen autonomía constitucional, es decir, no dependen del gobierno de turno.
Su reparo apunta a un conjunto de glosas, que son las indicaciones específicas que acompañan a cada partida del presupuesto. Según el fiscal, esas normas amplían las atribuciones de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y "no son compatibles con nuestro ordenamiento constitucional".
Valencia distinguió entre cuánto y cómo se gasta. Explicó que el Ministerio Público debe informar su ejecución presupuestaria y que el Ejecutivo define el monto. Sin embargo, sostuvo que decidir el uso de esos fondos corresponde a las instituciones autónomas. Agregó que las nuevas reglas imponen controles de gasto "que no tienen precedentes" en leyes anteriores.
El fiscal advirtió que, si se aprueban, un órgano autónomo quedaría expuesto a que se le intente "pautear, dirigir, influir, presionar" mediante la autorización o la restricción de gastos. A su juicio, la independencia sirve para perseguir la corrupción sin depender de intereses políticos.
La pugna toca algo que le importa a cualquier ciudadano. La Fiscalía investiga casos de corrupción que pueden involucrar al propio Ejecutivo. La Contraloría fiscaliza a la administración y el Servel organiza las elecciones. Si Hacienda gana más control sobre su gasto, gana influencia sobre quienes la vigilan.
El Mostrador no recoge una respuesta del gobierno ni de Hacienda a estos cuestionamientos. Valencia anunció que llevará sus reparos al ministro de Hacienda y luego al Congreso, donde se tramita el proyecto.
