La diputada nacional Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para que se analicen sanciones disciplinarias y el eventual desafuero del legislador tucumano Carlos Aníbal Cisneros, de Unión por la Patria, luego de que la Justicia federal solicitara su declaración indagatoria en una causa por presunta trata de personas. La iniciativa requiere que la Comisión de Asuntos Constitucionales trate con urgencia la situación de Cisneros, invocando el artículo 66 de la Constitución Nacional, a partir del avance de la investigación judicial que involucra al dirigente sindical.
El pedido presentado por Lemoine insta a que la comisión evalúe eventuales sanciones disciplinarias y/o el desafuero del legislador, para que pueda quedar a disposición de la Justicia si el proceso avanza. Según los fundamentos del proyecto, la solicitud se apoya en la información pública sobre la investigación penal en la que el fiscal Rafael Vehils Ruiz solicitó la citación a declaración indagatoria de Cisneros.
El documento también indica que el juzgado federal a cargo del magistrado Guillermo Andrés Díaz Martínez notificó a la Cámara de Diputados sobre la situación procesal del legislador, en virtud de las inmunidades parlamentarias que protegen a los miembros del Congreso. Este procedimiento se aplica habitualmente cuando una causa judicial involucra a un legislador nacional, ya que los fueros parlamentarios obligan a informar al Congreso sobre determinadas medidas.
La diputada Lemoine pidió a la Comisión de Asuntos Constitucionales que analice con urgencia el expediente judicial que involucra a Carlos Cisneros y determine si corresponde avanzar con el desafuero. El proyecto sostiene que, conforme al régimen de inmunidades parlamentarias previsto en la Constitución, los fueros no son privilegios personales sino garantías institucionales para el funcionamiento del Congreso.
Por ello, cuando la Justicia solicita medidas limitadas por las inmunidades, corresponde que la Cámara evalúe permitir el avance del proceso judicial. El texto enfatiza que el sistema de inmunidades no debe impedir investigaciones judiciales y que un tratamiento rápido del caso contribuiría a resguardar el prestigio institucional de la Cámara de Diputados y la confianza pública en sus integrantes.
