El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, absolvió a seis de los ocho funcionarios sumariados por exceder el límite legal de gasto en personal a contrata, según BioBioChile. Entre ellos está el abogado Carlos Guazzini, hoy secretario ejecutivo de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia.
El medio basa su reporte en información de La Tercera. El decreto que absuelve a los sumariados se conoció el 11 de septiembre.
El sumario partió apenas Alessandri asumió el municipio. El 15 de enero de 2025, el alcalde envió un correo a la Dirección Jurídica y a la Dirección de Control Interno para instruir la investigación. Pidió indagar quién validó las contrataciones y si alguien alertó a tiempo del problema.
La investigación apuntó a la administración de Cristóbal Lira, su antecesor entre 2019 y 2024. Los años problemáticos fueron 2023 y 2024, el tramo final de esa gestión. De acuerdo con el reporte, el gasto en contrata llegó a casi 56% en 2023 y superó el 74% en 2024, cuando el límite legal es 40%.
Hasta cuatro fiscales pasaron por el proceso. Lo cerró el director de Seguridad Pública, Pedro Guerra. Según fuentes municipales, las principales responsabilidades recaen en el director de Administración y Finanzas, Omar Oyarzún, y en la directora de Personas, Lía Riquelme. Se sospecha que Oyarzún habría emitido certificados que situaban el gasto bajo el 40%.
Guazzini se desempeñaba como director de Control del municipio. Renunció para asumir su cargo en el Gobierno en marzo. El fiscal le reprochó haber "incumplido gravemente" sus obligaciones al no objetar el traspaso de trabajadores a honorarios de programas comunitarios a la contrata ni la superación del límite legal.
En marzo, Guerra cerró el sumario y propuso sanciones. Para Guazzini sugirió suspensión del empleo por 30 días con goce del 60% de sus remuneraciones y una anotación de demérito. La propuesta le fue notificada en su nueva oficina, en La Moneda.
El proceso también recibió críticas. Fuentes citadas por La Tercera reprocharon que Guerra incluyera a tantos sumariados, porque a su juicio la indagación debía centrarse en Oyarzún y un par de personas más. Según esas fuentes, varios de los acusados no tenían responsabilidad directa en las contratas por la descripción de sus cargos.
Todos los sumariados presentaron un recurso de reposición ante Alessandri. En esta etapa, el alcalde decide si confirma la sanción o absuelve al funcionario. Varios meses después, descartó las propuestas del fiscal para seis de ellos.
En el decreto, Alessandri sostuvo que para responsabilizar al director de Control "debe acreditarse, respecto de un acto concreto", que tuvo antecedentes suficientes para advertir la ilegalidad, que tenía el deber de actuar y que omitió hacerlo de manera culpable. Agregó que la jerarquía del cargo eleva el estándar de cuidado, pero no elimina la obligación de probar culpa o dolo.
La fuente no precisa quiénes son los dos funcionarios que no fueron absueltos ni qué sanciones recibieron. Tampoco recoge declaraciones de Guazzini, de Lira ni del Gobierno. Con la absolución, Guazzini queda sin anotación de demérito mientras sigue a cargo de la secretaría de la comisión presidencial de integridad.
