A menos de seis meses de asumir, el Gobierno de José Antonio Kast decidió remover a Macarena Cortés del cargo de directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, generando cuestionamientos desde el mundo político. Ante esta situación, desde la bancada de diputados y diputadas PS, oficiaron al ministro de Justicia, Fernando Rabat, para solicitar explicaciones detalladas sobre los motivos y el proceso que viene.
“La seguridad pública es hoy la principal preocupación de la ciudadanía. Precisamente por eso, no podemos permitir que este tipo de decisiones genere incertidumbre justo cuando estamos implementando una institucionalidad clave para las víctimas de delitos”, señaló la diputada Carolina Cucumides.
En el oficio, se advierte que la remoción de Cortés “se produce en plena etapa de consolidación institucional, un proceso que se extiende por hasta 48 meses desde la publicación de la ley.” La diputada también cuestionó “la falta de claridad sobre los mecanismos de subrogación legal mientras se define una nueva autoridad”. Entre las preguntas planteadas al secretario de la cartera, destacan: 1.
Las razones específicas que fundamentaron la remoción. 2.
Si se evaluaron los efectos institucionales y operativos en la implementación del servicio. 3.
