El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, protagonizaron un duro cruce público. El motivo es el proyecto conocido como Ley Naín-Retamal 2.0, que extiende la legítima defensa privilegiada a policías y militares de franco.
De acuerdo con BioBioChile, la disputa comenzó cuando el INDH emitió un informe que advierte que la iniciativa podría generar condiciones de "impunidad de facto" ante casos de uso excesivo de la fuerza.
El proyecto modifica el Código Penal. Su objetivo es que funcionarios policiales o militares fuera de turno queden cubiertos por esa figura cuando actúen en defensa propia, de sus derechos o de los de un tercero. La legítima defensa privilegiada presume que la reacción fue legítima, lo que incide en quién debe probar qué en un eventual juicio.
Ahí está el centro de la crítica del INDH: el efecto sobre la carga de la prueba. El organismo ya había planteado esa misma objeción durante la tramitación de la Ley Naín-Retamal original, aprobada en 2023 tras el asesinato de carabineros.
Arrau respondió en redes sociales con dureza. "El INDH una vez más está desconectado de la realidad", escribió. Agregó que el informe refleja una "mirada ideológica" y una resistencia a fortalecer el respaldo a las Fuerzas de Orden y Seguridad.
Ljubetic contestó este viernes 16 de octubre en una declaración en video. Sostuvo que el tono del ministro no corresponde entre instituciones del Estado y que sus dichos ponen en cuestión una parte esencial del mandato legal del instituto: velar por que las leyes chilenas sean compatibles con las obligaciones internacionales del país en derechos humanos.
El director recalcó que el Consejo del INDH aprobó el informe por unanimidad. "Sin seguridad es imposible ejercer los derechos humanos", afirmó, aunque insistió en que las policías deben actuar con pleno respeto a los derechos de todas las personas.
Según fuentes consultadas por BioBioChile, el área de seguimiento legislativo del INDH elaboró el documento hace meses. Luego lo entregó a la secretaría de la Comisión de Constitución del Senado como insumo para el debate.
En esa comisión, el proyecto tiene apoyo. Los senadores Arturo Squella, Andrés Longton y Pedro Araya han coincidido en respaldar la agenda de seguridad. Araya (PPD), presidente de la instancia, dijo que el INDH confunde los aspectos probatorios con los efectos reales de la ley y que esta busca dar mayor certeza jurídica a los policías que actúan en situaciones de riesgo.
La iniciativa nació en 2023 por moción de diputados de Renovación Nacional (RN), entre ellos José Miguel Castro. El 11 de agosto de 2026, la Cámara la aprobó por 114 votos a favor, 26 en contra y dos abstenciones, y la despachó al Senado.
¿Quién gana y quién pierde? Los funcionarios de franco obtendrían una protección legal que hoy no tienen. Para el INDH, el costo podría recaer en eventuales víctimas de abusos, que enfrentarían más obstáculos para acreditar un exceso. El proyecto no detalla cifras de casos que lo justifiquen.
La Comisión de Constitución discutirá el texto el martes y miércoles de la próxima semana. Como tiene solo dos artículos, se espera despacharlo en dos o tres sesiones. En paralelo, la Comisión de Seguridad revisará otro proyecto de la misma agenda, que aumenta las sanciones por agresiones a Carabineros.
