Seis integrantes de la Comisión Asesora Presidencial para el Fortalecimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) firmaron una carta que pide un "análisis cuidadoso" del proyecto del Gobierno, según La Tercera. El texto apunta sobre todo a la eliminación de la facultad del organismo para presentar querellas criminales.
Firman Antonia Urrejola, Carolina Carrera, Patricio Rojas, Lorena Recabarren, Pierina Ferretti y Rodrigo Bustos. De acuerdo con el medio, el grupo reúne distintas sensibilidades políticas. La comisión se convocó en 2025 con ocho miembros, designados por el Presidente de la República y por las comisiones de derechos humanos de la Cámara y del Senado.
El INDH es el organismo autónomo del Estado encargado de promover y proteger los derechos humanos en Chile. La comisión tenía el mandato de proponer reformas conforme a los Principios de París, los estándares de Naciones Unidas para este tipo de instituciones. Tras 22 sesiones y audiencias con la sociedad civil, la academia, organismos internacionales y el propio INDH, concluyó que el instituto "es un pilar de nuestra democracia y del Estado de derecho".
El proyecto lo impulsa el Ministerio de Justicia. Responde a críticas que la derecha mantiene hace años contra el instituto. Esas críticas crecieron por las querellas que el INDH presentó tras el estallido social de octubre de 2019. Varios parlamentarios presentaron iniciativas para reformarlo y esta administración decidió respaldar el cambio.
La propuesta reemplaza las querellas por denuncias. Además, reduce el consejo de 11 a 5 integrantes, con periodos de cuatro años y nombramientos en los que participan los poderes públicos y la sociedad civil. También crea el cargo de director ejecutivo, que se elegirá por concurso de Alta Dirección Pública. Por último, obliga al instituto a informar cada año sus actividades, sus recomendaciones al Estado y la ejecución de su presupuesto.
Los firmantes reconocen que el proyecto avanza en algunas de las líneas que propuso la comisión. Sin embargo, objetan que mantenga las designaciones presidenciales y que ninguno de los cinco consejeros sea elegido directamente por la sociedad civil.
También critican las normas transitorias. Según la carta, estas permiten al Presidente proponer un consejo completo, poner término anticipado a los mandatos vigentes y nombrar al primer director ejecutivo sin concurso público. Además, el Mandatario definiría los nuevos estatutos y la presencia regional del instituto.
En regiones, la carta advierte que el informe financiero del proyecto proyecta reducir a la mitad el personal de las sedes regionales.
Sobre las querellas, los firmantes admiten que dentro de la comisión hubo posiciones distintas. Aun así, todos coincidieron en que el instituto debe contar con "herramientas efectivas de protección". Les preocupan tres puntos: el fin de las querellas, la exigencia de un acuerdo previo del consejo para presentar recursos de protección y amparo, y una reducción proyectada de 70% de los abogados de la Unidad de Protección de Derechos.
Para los firmantes, esos cambios requieren evaluar su impacto en las víctimas de violaciones de derechos humanos. La carta pide que la tramitación en el Congreso mantenga el "espíritu de acuerdos y diálogo" de la comisión. También sostiene que un INDH fuerte y autónomo es una garantía "gobierne quien gobierne".
