El exministro de Justicia José Antonio Gómez se distanció de la decisión del actual titular de la cartera, Fernando Rabat, de otorgar rebajas de penas a condenados por delitos sexuales. Según chilevision.cl, Gómez dijo en conversación con CHV Noticias: "Yo no comparto lo que hizo el ministro".
Gómez encabezó el Ministerio de Justicia durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. En 2015 se negó a firmar 500 decretos que otorgaban beneficios a personas condenadas. Ese episodio volvió al debate por la polémica actual.
La controversia partió cuando se conoció que, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos de rebaja de penas. De ellos, 27 corresponden a condenas por abuso sexual de menores y 29 a condenas por violación.
El exministro recordó cómo actuó hace once años. "Revisé los antecedentes y me parecieron que no cumplían con los requisitos que la ley establece para obtener ese tipo de beneficio y los rechacé", relató.
Esa negativa tuvo un costo judicial. Según Gómez, provocó más de 500 recursos de amparo, acciones que los condenados presentaron ante los tribunales. La Corte terminó acogiéndolos, en contra de la postura del ministerio. "Mi postura en esa época y hoy día es la misma", afirmó.
Sobre Rabat, Gómez fue directo. "Fue una decisión política de él, pero creo que no era el camino correcto", sostuvo.
El exministro también cuestionó el silencio del presidente José Antonio Kast frente al caso. "Tiene que haber una opinión y una señal hacia la opinión pública respecto a lo que ha estado pasando", dijo. Calificó de "muy extraño" que el mandatario no se haya pronunciado.
Gómez apuntó además a lo que llamó un "problema mucho mayor". A su juicio, la ley que permite estas rebajas aplica a todos los delitos, no solo a los sexuales. "Es indispensable que la ley sea muy bien reanalizada y reestructurada", planteó.
La nota de chilevision.cl no precisa qué cambios específicos propone Gómez a la normativa. Por ahora, su llamado apunta al Congreso y al Ejecutivo: revisar a fondo la ley que hoy permite reducir condenas para cualquier tipo de delito.
