Dos inmobiliarias que tenían causas sobre sus proyectos en la Corte Suprema transfirieron $27 millones a Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Ángela Vivanco, según BioBioChile, que cita una investigación del medio Reportea. Los pagos se hicieron mientras Vivanco integraba la Tercera Sala del máximo tribunal, que conocía esos casos.
De acuerdo con esa publicación, $15 millones vinieron de Inmobiliaria Argenta y $12 millones de Inmobiliaria Alta Vista Pucón. Ninguna otra fuente ha confirmado el dato hasta ahora.
Las transferencias coinciden en el tiempo con la tramitación de las causas. Pero los pagos, por sí solos, no prueban que haya existido una contraprestación ilícita, es decir, un favor judicial a cambio de dinero.
Ángela Vivanco fue ministra de la Corte Suprema y hoy está bajo investigación penal junto a Migueles. La nota no detalla los delitos imputados ni la etapa formal de cada uno. Con Argenta y Alta Vista Pucón, ya son tres las inmobiliarias cuyos vínculos con el entorno de Vivanco están en revisión. La tercera es Fundamenta, cuyos antecedentes ya son parte de una investigación penal.
El nuevo dato se suma a otra disputa: la filtración de la declaración que Migueles entregó ante la Fiscalía. Los abogados de Vivanco presentaron una cautela de garantías, una solicitud al juez para que proteja los derechos de un imputado en la investigación.
La defensa sostiene que el testimonio estaba bajo reserva hasta el 6 de octubre y que, aun así, la prensa difundió su contenido antes de que las defensas pudieran revisarlo. Alegan una posible infracción al artículo 182 del Código Procesal Penal, que regula el secreto de las diligencias de investigación.
La defensa de Eduardo Lagos Herrera también cuestionó el testimonio. Su abogado, Marcelo Abujiar, afirmó que las defensas aún no acceden a la declaración completa. "Es una declaración contradictoria a todas las versiones anteriores que había entregado", dijo, y agregó que Migueles la habría entregado para conseguir el cambio a arresto domiciliario total.
Migueles dejó la prisión preventiva el 30 de septiembre, cuando el tribunal la reemplazó por arresto domiciliario total. Ambas son medidas cautelares, que restringen la libertad mientras avanza la investigación y no equivalen a una condena.
Óscar Olivares, académico de la Universidad Autónoma, explicó que Migueles podría buscar la atenuante de colaboración sustancial, que permite rebajar la pena hasta en dos grados. Según Olivares, eso le abriría la puerta a un procedimiento abreviado, una vía más corta en la que el imputado acepta los hechos, o a cumplir una pena en libertad bajo la Ley 18.216.
La audiencia por la cautela de garantías quedó fijada para el 30 de octubre. La Defensoría Pública informó que se pronunciará en esa instancia y que no comentará el tema antes.
