Este sábado el Diario Oficial publicó la Ley N° 21.850, "para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social", según Emol. Es la principal apuesta económica del gobierno de José Antonio Kast y llega algo más de una semana después de su promulgación.
El texto tiene 46 páginas y lo impulsó el Ministerio de Hacienda. La vigencia de buena parte de sus medidas quedó amarrada a este trámite. Con la publicación, el reloj empezó a correr: las primeras normas rigen desde el 1 de noviembre.
Ese día parten cuatro cambios. El primero es un crédito tributario para empresas exportadoras de servicios basados en el conocimiento. Podrán descontar del impuesto de primera categoría un 15% por cada trabajador de la Región Metropolitana y un 20% por quienes trabajen en otras regiones o en comunas rurales de la capital.
El segundo favorece a las pymes. La tasa de los Pagos Provisionales Mensuales (PPM), los anticipos del impuesto anual que las empresas pagan cada mes, baja de 0,25% a 0,23% dentro del Régimen Pyme.
El tercero amplía las herramientas del Servicio de Impuestos Internos (SII). El organismo podrá cruzar datos con otras reparticiones del Estado para fiscalizar.
El cuarto modifica la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). La ley cubrirá hasta un 80% del curso para quienes ganan hasta 25 UTM (unidades tributarias mensuales). Entre 25 y 50 UTM el tope cae a 50%, y sobre ese rango, a 15%.
El resto del paquete demorará más. Desde el 1 de diciembre, y por doce meses, la primera venta de viviendas nuevas terminadas quedará exenta de IVA. La rebaja no tendrá límite de precio ni de metros cuadrados.
Esa misma fecha comienza un descuento de 50% en el impuesto a las donaciones, aplicable a escrituras públicas firmadas durante el año siguiente. La ley suprime además la insinuación judicial, un trámite ante tribunales, y autoriza traspasar hasta la mitad del patrimonio familiar.
En 2027 se abrirá la repatriación de capitales. Quienes traigan fondos desde el extranjero pagarán una tasa mixta de entre 7% y 10%, con un plazo de un año para acogerse.
Hay dos ventanas adicionales. Una deja retirar utilidades acumuladas en registros tributarios como el STUT y el FUR con un impuesto único de 10%. Tendrá ocho meses de duración y, al publicarse la ley en octubre, estaría disponible hasta junio.
La otra la administra la Tesorería General de la República. Durante 180 días corridos, quienes arrastren deudas vencidas al 31 de diciembre de 2025 podrán firmar convenios que perdonan la totalidad de los intereses y el 80% de las multas.
Emol no detalla cuánto le costará al fisco el conjunto de beneficios ni cuánto espera recaudar el gobierno. Tampoco informa cómo fiscalizará el SII el uso de los nuevos créditos. El primer paso concreto de la implementación será el 1 de noviembre, en dos semanas más.
