La Fiscalía Metropolitana Sur decidió no perseverar en la investigación por presuntos cobros de "cuotas" a funcionarios de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda (PAC), que habrían servido para financiar la campaña de reelección del alcalde Luis Astudillo (independiente), según BioBioChile. El fiscal Eduardo Arrieta comunicó la decisión el 2 de octubre ante el 10° Juzgado de Garantía de Santiago.
De acuerdo con el acta de la audiencia que revisó la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, la decisión se aplicó "para toda la causa". La magistrada María Verónica Arancibia dirigió la audiencia, que duró siete minutos. La fuente no informa el número de causa (RIT o RUC).
Nadie fue formalizado ni acusado. En la audiencia se planteó que las diligencias no reunieron antecedentes suficientes para sostener un requerimiento penal por los hechos denunciados.
No perseverar es una facultad que el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal entrega a la Fiscalía cuando no logra reunir pruebas para fundar una acusación. En términos simples, el Ministerio Público deja de perseguir el caso mientras no aparezcan elementos nuevos que permitan llegar a juicio. No es una absolución ni un sobreseimiento definitivo, que solo puede dictar un tribunal y cierra el caso de forma permanente.
Las acusaciones aparecieron primero en una demanda laboral presentada por exfuncionarios municipales, que dio origen a la arista penal. La querella se basó en conversaciones de WhatsApp y en testimonios de extrabajadores del municipio, divulgados en mayo pasado.
Según la denuncia original, el supuesto mecanismo estaba ligado al Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal, un bono que reciben los funcionarios públicos. La hipótesis sostenía que parte de ese dinero debía entregarse bajo presión para financiar actividades electorales.
Entre los mensajes conocidos, una funcionaria mostraba inquietud por una citación vinculada a "las lucas pa la campaña". Otro aludía a una exigencia de $2,5 millones, que según la acusación debía pagarse en efectivo.
Por estos antecedentes se investigaron posibles delitos de cohecho y de financiamiento irregular de campañas. La denuncia apuntaba al administrador municipal, Gerardo Sánchez, como presunto articulador de los cobros. Astudillo fue reelegido en 2024 como independiente dentro del pacto de izquierda "Contigo Chile Mejor".
Cuando surgieron las denuncias, el municipio negó cualquier cobro. Su director jurídico, Marco Zepeda, afirmó entonces que esa práctica no estaba acreditada y que el alcalde desconocía los hechos expuestos.
En la audiencia del 2 de octubre los intervinientes quedaron notificados personalmente. Entre los comparecientes estuvieron los abogados Elías Said Tamayo, defensor de Gerardo Sánchez, José Vergara Avendaño y Jorge Ibarra Silva. La fuente no informa si los querellantes impugnarán la decisión.
