Los presidentes de los principales partidos oficialistas defendieron este viernes al ministro de Justicia, Fernando Rabat, frente a la idea de una acusación constitucional. Lo hicieron a la salida de una reunión con el Presidente José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda.
La polémica nació por la rebaja de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, según informaron La Tercera y Radio ADN. Durante el mismo punto de prensa se conoció que el gobierno suspendería esas rebajas.
El senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, fue el primero en hablar. "Nada más absurdo que acusar a alguien por cumplir la ley", dijo, en respuesta a un par de parlamentarios que plantearon la acusación.
Squella argumentó que las causales de una acusación constitucional apuntan a dejar sin ejecución la ley o infringirla, no a aplicarla. Además, destacó la apertura de Rabat hacia la oposición y su trabajo en nombramientos judiciales.
El ministro, por su parte, sostuvo que las resoluciones se ajustaron a la Constitución y a la interpretación que los tribunales hacen de la norma. También afirmó que Kast no estaba al tanto de esas decisiones, porque corresponden a las atribuciones del titular de Justicia, de acuerdo con Radio ADN.
El diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, repartió responsabilidades. Según él, la primera recae en una ley que no fue suficientemente clara. La segunda, en los tribunales, que la interpretaron como imposible de aplicar hacia atrás.
"Jamás le voy a pedir a la autoridad que no cumpla con la ley", afirmó Ramírez. Agregó que la suspensión de los decretos muestra que el gobierno cambiará la ley con discusión inmediata, es decir, con el plazo más corto de tramitación en el Congreso, y luego se hará cargo de esos decretos.
Ramírez también cargó contra la administración anterior. "Este gobierno lo va a resolver, el gobierno anterior no lo resolvió", dijo. Calificó a Rabat como un hombre íntegro y sostuvo que sería un error removerlo.
La defensa oficialista llega bajo presión. Seis partidos de oposición ya pidieron a Kast sacar al ministro, acusando una respuesta tardía del gobierno. Las fuentes no precisan qué parlamentarios impulsarían la acusación ni si existe un libelo en preparación.
Quienes pierden en esta discusión son, ante todo, las víctimas, cuyo impacto sigue en el centro de las críticas. Para el gobierno, el costo es político: la polémica se suma a un período de desaprobación ciudadana.
El próximo paso está fijado. Squella anunció que el lunes presentará junto a otros senadores un proyecto para precisar la legislación y cerrar la posibilidad de conceder este tipo de beneficios, iniciativa que, según dijo, cuenta con el apoyo del gobierno.
