El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, negó que el Ministerio de Justicia estuviera obligado a rebajar condenas a abusadores y violadores de menores, según Cooperativa. Además, sostuvo que el Gobierno debió dar la pelea, como lo hicieron las administraciones de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.
Quesille rechazó el argumento de que la Constitución y la Corte Suprema dejaban al ministerio sin margen. Su razonamiento apunta al funcionamiento del sistema judicial chileno.
"En Chile no existe la lógica y práctica del 'precedente', como en Estados Unidos", afirmó. Según explicó, los tribunales pueden fallar en uno u otro sentido, y los actores disputan cada caso por separado.
Por eso, a juicio del defensor, el Ejecutivo tenía espacio para resistir caso a caso. La fuente no detalla qué acciones concretas tomaron los gobiernos de Piñera y Boric en situaciones similares.
La Defensoría de la Niñez es el organismo autónomo que vela por los derechos de niños, niñas y adolescentes en Chile. Su crítica se suma a la presión política sobre el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
En publicaciones anteriores, Rabat defendió los decretos. Argumentó que gobiernos de distintos signos entregaron el mismo beneficio durante los últimos 20 años. También anunció suma urgencia para proyectos que buscan frenar estas rebajas. La idea es que los requisitos se evalúen con la ley vigente al momento de la solicitud y no con la de la condena.
El oficialismo tampoco tiene una postura única. Renovación Nacional (RN) propuso anular los beneficios recientes mediante una reforma constitucional. La Unión Demócrata Independiente (UDI), en cambio, pidió al Gobierno estudiar si puede revocar los decretos. Mientras tanto, diputados opositores y oficialistas evalúan una acusación constitucional contra Rabat.
Quesille fue claro sobre el paso siguiente. Lo que corresponde ahora, dijo, es la "reconsideración, revocación y medidas de resguardo para las víctimas".
