Un grupo de 23 Premios Nacionales emitió una declaración pública contra el proyecto de ley del Gobierno que reforma el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Los firmantes llamaron a la "conciencia nacional" y pidieron al Congreso no aprobar la iniciativa en sus términos actuales.
De acuerdo con El Mostrador, el texto sostiene que la reforma "pone en peligro condiciones básicas para su operación" conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Radio Universidad de Chile informó que el manifiesto acusa un intento de "neutralizar" al organismo encargado de vigilar al Estado.
Las críticas apuntan a tres ámbitos. El primero es la autonomía e independencia del INDH frente a los poderes que debe fiscalizar. El segundo, la exclusión de la sociedad civil de la designación directa de consejeros. El tercero, la eliminación de la facultad de presentar querellas, una de sus principales herramientas de protección.
La declaración también cuestiona el componente territorial. Según los firmantes, el proyecto establece que no se considerará el domicilio de las sedes regionales. "Este gobierno decidió que es hora de retroceder y que el INDH opere sólo desde una sede en la ciudad de Santiago", advierten.
El INDH nació de acuerdos políticos transversales tras el fin de la dictadura y de las recomendaciones del Informe Verdad y Reconciliación (conocido como Informe Rettig). Lleva 16 años funcionando y, según el comunicado, es reconocido en regiones por proteger a personas cuyos derechos fueron vulnerados.
Los firmantes también objetan el proceso. Durante 2025, una comisión asesora presidencial analizó el fortalecimiento del instituto y formuló más de 40 recomendaciones. A juicio del grupo, el proyecto recoge "muy poco" de ese trabajo y hace "caso omiso a un trabajo riguroso y transversal".
Entre quienes suscriben figuran Diamela Eltit y Elicura Chihuailaf (Literatura), Mónica González y Faride Zeran (Periodismo), Manuel Antonio Garretón y Tomás Moulian (Humanidades y Ciencias Sociales), Cecilia Hidalgo (Ciencias Naturales) y Claudio González (Derechos Humanos, 2024).
Las fuentes revisadas no incluyen una respuesta del Gobierno a la declaración, ni precisan en qué etapa de la tramitación legislativa está el proyecto. La crítica se suma a la de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), que también rechazó la iniciativa por reducir el consejo y las facultades del instituto.
El llamado concluye con una petición concreta: que el Congreso considere los lineamientos de la Comisión de Fortalecimiento del INDH durante la discusión del proyecto.
