El diputado Benjamín Moreno, jefe de bancada del Partido Republicano en la Cámara, salió a defender al ministro de Justicia, Fernando Rabat, según The Clinic. Lo hizo frente a la presión de la izquierda por las rebajas de condena a 56 reclusos condenados por abuso sexual y violación contra menores de edad. En la entrevista, Moreno trajo de vuelta el caso Monsalve. "Si hay un sector que no puede venir a dar lecciones, es el que tenía a un subsecretario acusado de violación", dijo.
Moreno es cercano al Presidente José Antonio Kast. Fue su jefe de gabinete cuando el actual mandatario era diputado. En la entrevista, repite la línea con que se ha defendido La Moneda estos días: el Ejecutivo se limitó a cumplir la ley.
El Ministerio de Justicia otorgó las reducciones de pena esta semana. La oposición apunta a Rabat como responsable político y, según el mismo medio, ya inició gestiones para presentar una acusación constitucional en su contra. La crisis se convirtió en el primer incendio que debe apagar el nuevo vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas.
El diputado sostuvo que el criterio político no puede imponerse a la ley ni a la Constitución. Explicó que la norma establece un comité que revisa los casos y que, si se cumplen ciertos requisitos, la rebaja se debe aplicar. "No creo que haya alguien de mala fe queriendo hacer estas cosas", afirmó. Extendió esa idea a los gobiernos de Boric, Piñera, Bachelet y Kast.
Sobre el caso Monsalve, Moreno marcó un límite. Se refiere a la acusación de violación contra Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior durante el gobierno de Gabriel Boric. Dijo que no responsabiliza al expresidente por los hechos. Sin embargo, agregó que uno sí responde por cómo reacciona.
Consultado por el cambio de postura del Gobierno, que el miércoles defendió los decretos invocando una doctrina de la Corte Suprema y dos días después pausó nuevas rebajas, Moreno lo negó. Según él, el Ejecutivo apeló algunos recursos, las cortes lo obligaron a cumplir la ley y luego detectó 276 casos similares en el gobierno anterior. A su juicio, la administración de Boric optó por "blindarse políticamente" durante cuatro años sin dar solución.
El parlamentario también repartió culpas en el Congreso. Reconoció que él mismo integró la legislatura que aprobó la ley en 2022 y que no advirtió el problema. "Todos los que pasamos los últimos cuatro años en el Congreso no advertimos esa situación", dijo.
La disputa deja ganadores y perdedores claros. El Gobierno busca diluir la responsabilidad entre todos los sectores. La oposición quiere concentrarla en Rabat. Para los ciudadanos, la pregunta de fondo sigue abierta: cómo se corrige un vacío legal que permitió beneficios a condenados por delitos contra niños. Moreno planteó que urge revisar y modificar la ley de 2022, pero la fuente no detalla ningún proyecto concreto ni plazos.
