A tres años de la promulgación de la Ley Naín-Retamal, desde Amnistía Internacional Chile advierten que persisten problemas estructurales en su aplicación y que las preocupaciones planteadas durante su tramitación se han confirmado con el tiempo. Así lo señaló el director ejecutivo del organismo, Rodrigo Bustos, quien sostuvo que la normativa ha generado incertidumbre jurídica y dificultades para evaluar su impacto real.
“Hoy, 10 de abril, se cumplen tres años desde que se publicó en el Diario Oficial la denominada Ley Naín-Retamal”, recordó Bustos durante la primera edición de Radioanálisis, subrayando que la legislación fue aprobada de manera acelerada en un contexto de conmoción por asesinatos de funcionarios policiales. En ese escenario, afirmó, no se consideraron adecuadamente las advertencias de organismos especializados en derechos humanos.
Según explicó Bustos, uno de los principales efectos de la ley es la modificación del estándar de evaluación del uso de la fuerza letal. “Lo que hace esta ley es, de alguna forma, invertir la carga de la prueba.
Si una persona utiliza fuerza letal y eso termina con la muerte de otra persona, en general lo que ocurre es que se tiene que demostrar la legítima defensa en esa actuación. Aquí no: aquí son la fiscalía y la víctima que murió quienes tienen que demostrar que el uso de la fuerza fue equivocado”, señaló.
A juicio del abogado, la falta de criterios claros ha generado fallos judiciales dispares en situaciones similares. “En algunos casos, los tribunales exigen demostrar que había un ataque ilegítimo al funcionario policial para que él use la fuerza, y en otros casos no exige eso”, advirtió, lo que a su juicio produce “incertezas jurídicas” que contradicen el objetivo inicial de la normativa.