La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, salió a respaldar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las 56 rebajas de condena otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales, entre ellos abusos y violaciones contra menores de edad.
"En esto yo quiero ser muy clara, este gobierno trabaja por la protección de la infancia y así lo ha hecho desde el primer día", declaró Wulf, según informó T13. Agregó que "el ministro de Justicia ya señaló que el gobierno está cumpliendo con la ley", aunque el Ejecutivo está disponible para evaluar mejoras legislativas.
De acuerdo con BioBioChile, el Ministerio de Justicia dictó los 56 decretos entre marzo y septiembre de este año. Corresponden a 27 casos de abuso sexual de menores y 29 de violación.
La cartera sostiene que la jurisprudencia de la Corte Suprema impide aplicar de forma retroactiva una restricción incorporada en 2022. Esa norma excluyó de este beneficio a los condenados por determinados delitos sexuales contra menores.
Sin embargo, los decretos no respondieron a órdenes específicas del máximo tribunal. Fueron una decisión administrativa del ministerio, basada en criterios fijados en fallos anteriores. Ese es el centro de la polémica.
El exministro de Justicia Jaime Gajardo cuestionó el cambio de criterio. Según él, durante la administración anterior se rechazaban las solicitudes y las rebajas solo se concedían cuando una resolución judicial lo ordenaba. La exministra Camila Vallejo, en tanto, acusó al gobierno de mentir y de decretar rebajas sin orden de la Corte Suprema.
Wulf fue consultada varias veces sobre por qué el gobierno del presidente José Antonio Kast firmó los decretos en lugar de rechazarlos y esperar a los tribunales. No respondió directamente. Se limitó a reiterar que Justicia actuó conforme a la normativa.
En cambio, apuntó a la administración anterior. "Entiendo que en el gobierno anterior hubo 276 casos en los cuales hubo rebaja de condena", afirmó. Las fuentes no precisan cuántos de esos casos se concedieron por orden judicial y cuántos por decisión administrativa, que es justamente la diferencia que plantea Gajardo.
La ministra tampoco comprometió el patrocinio del gobierno a un proyecto que busca impedir que condenados por violación y abuso sexual de menores accedan a estos beneficios. "El Gobierno siempre tendrá la disposición a mejorar la ley, y en esto es algo que involucra al presidente de la República", respondió.
Lo que sí anunció fue otra iniciativa. Este viernes el Ejecutivo presentará un proyecto de ley contra la explotación sexual infantil en residencias de protección, parte del Plan Chile Cuida a los Niños. "Estamos viendo que hay niñas en las residencias, adolescentes, que están siendo abordadas por mafias", advirtió Wulf.
