Las fuerzas de seguridad de Francia detuvieron a 1.200 personas durante la jornada de protestas sociales del sábado. En los disturbios resultaron heridos 150 policías y gendarmes, según informó el primer ministro, Sébastien Lecornu, poco antes de la medianoche.
Según recogió BioBioChile, Lecornu dijo que el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, instruyó a los fiscales para que pidan prisión provisional para los detenidos. Esa medida equivale a la prisión preventiva en Chile: el imputado queda encarcelado mientras avanza la investigación y aún no hay condena. Lecornu justificó la instrucción porque los arrestados presentan "perfiles particularmente violentos y peligrosos".
La cifra de detenciones creció durante la noche. Hasta las 20:00 horas locales, las autoridades informaban unas 400 detenciones, según Cooperativa. Ese balance era provisional porque los incidentes seguían y no se descartaban más arrestos tras revisar las cámaras de seguridad.
Lecornu sostuvo que en París hubo intentos de atacar "los centros de poder", como el palacio del Elíseo (sede de la Presidencia), Matignon (residencia oficial del primer ministro) y la Asamblea Nacional. A su juicio, se trata de "una maniobra política que acepta la violencia".
Los daños más visibles se registraron en Limoges, en el centro del país, donde un incendio afectó al Ayuntamiento, un edificio inaugurado en 1883. "Está prácticamente destruido", declaró el prefecto de Haute-Vienne, Maurice Barate. Grupos de manifestantes también forzaron las puertas e ingresaron a los municipios de Marsella y Lille.
Hubo además incendios en una oficina de turismo de Lyon y en la fachada de un edificio universitario en Ruán. Manifestantes asaltaron la residencia de la prefecta de Burdeos, que es la representante del Gobierno central en la zona. En París y otras ciudades se saquearon cientos de comercios.
El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, denunció que "calles enteras" fueron "sistemáticamente devastadas". El presidente de la Federación de Comercio y Distribución y gerente general de Carrefour, Alexandre Bompard, condenó los saqueos en nombre de las principales cadenas.
Según el Gobierno, las marchas reunieron a 550.000 personas, y según los organizadores, a más de 800.000. El Ministerio del Interior contó 110.000 solo en París. En la víspera, el Ejecutivo había estimado un máximo de 150.000 en todo el país. Convocaron estudiantes, miembros de los "chalecos amarillos" y empleados de servicios públicos, con una larga lista de demandas.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, atribuyó los ataques a "varios miles de alborotadores", entre ellos grupos de ultraizquierda y "delincuentes oportunistas". El Gobierno y la ultraderecha, encabezada por la candidata presidencial Marine Le Pen, apuntaron contra Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa (izquierda radical) y candidato a las presidenciales.
Mélenchon participó en la marcha de París, pero se desmarcó de los saqueos. Además culpó a la dirección policial de haber "abierto la puerta al caos" con una gestión "aberrante". El presidente Emmanuel Macron, a quien le quedan seis meses de mandato, afirmó que no hay "ningún lugar para la violencia" y que los autores recibirán castigo.
Los alcaldes de París, Marsella y Lyon pidieron reunirse con Lecornu a comienzos de la próxima semana. En un comunicado conjunto exigieron un "diagnóstico preciso" de lo ocurrido. Las fuentes no informan aún cuántos detenidos quedarán en prisión provisional.
