El Presidente José Antonio Kast respaldó este viernes al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el gobierno decidió no visar nuevos decretos de rebaja de condena mientras avanza un cambio legal, según La Tercera. La definición surgió en una reunión con los partidos oficialistas en La Moneda.
A la cita, que comenzó a las 8.30, llegaron el diputado Guillermo Ramírez (UDI), la senadora Andrea Balladares (RN), el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), el presidente republicano Arturo Squella y el timonel interino del Partido Cristiano, Jorge Sepúlveda. También asistió el nuevo subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas.
La reunión debía abordar las prioridades legislativas. Sin embargo, la conversación se concentró en las rebajas de condena otorgadas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Los decretos de rebaja de condena son resoluciones administrativas del Ministerio de Justicia. Acortan la pena de un condenado como beneficio penitenciario. Según el medio, a la cartera llegan a diario solicitudes de este tipo y su tramitación se considera un procedimiento habitual.
El problema está en el criterio. La ley vigente desde febrero de 2022 excluye de este beneficio a los condenados por ciertos delitos sexuales contra menores. Aun así, Justicia concedió rebajas a personas sentenciadas antes de esa fecha. Rabat argumentó que la Corte Suprema había acogido recursos de amparo de condenados a quienes se les negó el beneficio.
El gobierno de Gabriel Boric seguía otro camino. Rechazaba las solicitudes y dejaba que los casos escalaran a los tribunales.
Según La Tercera, en Palacio hay molestia porque el ministro no avisó de los decretos. El propio Rabat reconoció en Mega que el Presidente no conocía las resoluciones antes de dictarse. El medio agrega que el episodio dejó en evidencia escasa sensibilidad política, un problema que describe como recurrente en el gabinete.
La oposición pidió la renuncia del ministro y amenazó con una acusación constitucional, el mecanismo con que el Congreso puede destituir a autoridades. Kast, de acuerdo con el reporte, no tiene intención de removerlo y lo mantiene bien evaluado.
Rabat defendió su decisión en Mega, Tele13 Radio y Radio Duna. Insistió en que se basó en la jurisprudencia de la Corte Suprema y en que la falla debe corregirse por ley. Consultado sobre anular los beneficios ya otorgados, no lo descartó ni lo garantizó: "Hay que analizarlo debidamente".
Quién pierde es claro: las víctimas y sus familias, que vieron reducidas las penas de sus agresores. El gobierno, en tanto, carga con el costo político de un cambio de criterio que su cúpula no anticipó.
El Ejecutivo reconoció a sus parlamentarios que revertir las 56 rebajas ya ejecutadas es complejo. Abogados del gobierno revisan fórmulas legales, aunque entre los asistentes no había claridad sobre una salida efectiva. Mientras, La Moneda comprometió una solución legislativa y repartió minutas para ordenar la defensa de sus filas.
