El Congreso despachó este martes a ley el proyecto que modifica el procedimiento de expulsión administrativa de extranjeros en situación migratoria irregular, según Emol. El Senado lo aprobó con 37 votos a favor y una abstención, la de la senadora Claudia Pascual, del Partido Comunista (PC). El lunes ya había recibido el respaldo de la Cámara de Diputados.
La iniciativa partió durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric. La actual administración de José Antonio Kast la modificó. El objetivo es facilitar la ejecución de las expulsiones y entregar más herramientas para ubicar a quienes tienen órdenes vigentes.
El Ejecutivo espera que la ley ayude a avanzar en las órdenes pendientes de ejecución. Las autoridades han cifrado ese número en cerca de 40 mil.
El cambio más llamativo es que la Policía de Investigaciones (PDI) podrá pedir al juez de garantía autorización para entrar al inmueble donde esté un extranjero con una orden de expulsión administrativa firme. El fin es detenerlo y concretar la medida.
La solicitud deberá identificar a la persona y el domicilio, y acompañar copia de la resolución de expulsión. Antes de entrar, la PDI tendrá que consultar al Ministerio Público, por una vía expedita y confidencial, si hay investigaciones en curso sobre esa persona o ese inmueble.
La ley también eleva de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de reingreso a Chile para quien sea expulsado administrativamente.
El Servicio Nacional de Migraciones podrá pedir datos a personas naturales, empresas y funcionarios públicos para notificar los procedimientos, incluidos el domicilio y el correo electrónico. Sin embargo, no podrá exigir esa información a niños, niñas y adolescentes, ni a colegios o centros de salud públicos y privados.
Migraciones además podrá solicitar a un juez la expulsión inmediata de extranjeros irregulares formalizados, acusados o requeridos por un simple delito. La condición es que la pena concreta posible no supere los tres años de cárcel y que no tengan condenas anteriores por crimen o simple delito. El Ministerio Público podrá intervenir para resguardar investigaciones penales cuando exista un interés prevalente en perseguir el delito.
Por último, el texto suma las graves alteraciones del orden público a las causales que permiten al subsecretario del Interior decretar una expulsión administrativa. La fuente no detalla cuándo se publicará la ley ni si pasará por el Tribunal Constitucional antes de entrar en vigencia.
