La comisión de libertad condicional de La Serena rechazó este miércoles el beneficio a Luis Castillo Opazo, de 41 años, según T13. Castillo Opazo es el indultado del estallido social cuyo prontuario desató una crisis en el gobierno del expresidente Gabriel Boric.
Es su segundo intento fallido este año. Castillo Opazo postuló en marzo y recibió una respuesta negativa el 13 de abril. Volvió a postular en septiembre desde el penal de La Serena, adonde lo trasladaron desde la cárcel de Copiapó, en la Región de Atacama.
La resolución lleva la firma de la ministra Gloria Negroni y de los jueces Claudio Ayala, Carlos Manque, Loreto Figueroa y Zoila Terán. Según el texto, el interno "no cumple con los requisitos necesarios para un cumplimiento en libertad".
La comisión se basó en el informe psicosocial de Gendarmería. Ese documento advierte un riesgo muy alto de reincidencia y señala que el condenado no tiene conciencia del delito ni del mal causado. Además, indica que no manifiesta un rechazo explícito a los delitos que cometió.
Castillo Opazo cumple hoy una condena de cuatro años. El Juzgado de Garantía de Copiapó se la impuso el 29 de abril de 2024 por robo frustrado con intimidación y violencia, y por manejar bajo la influencia de estupefacientes.
Ese delito ocurrió el 14 de diciembre de 2023 en Copiapó, menos de un año después de su indulto. Según T13, agredió a una persona con la que bebía alcohol y consumía drogas. Luego la obligó a meterse en la maleta de su propio auto e intentó, sin éxito, vender el vehículo.
El caso remite a 2022. Castillo Opazo fue uno de los 12 condenados por hechos del estallido social de octubre de 2019, el 18-O, a quienes Boric indultó. En su caso, la condena era por atacar la oficina del Registro Civil de Copiapó y otros seis puntos de la ciudad.
El 24 de marzo de 2022 escribió a mano, con lápiz azul, una carta de una carilla al entonces presidente. En ella pedía el indulto porque, según dijo, había salido a luchar por sus derechos haciendo valer el "divino derecho a la rebelión popular".
El problema era su historial. Antes del 18-O, Castillo Opazo ya tenía cinco condenas por delitos comunes. Entre ellas figuran hurtos en 2005, lesiones menos graves en 2006, una pena de 10 años por dos robos con violencia en grado de tentativa en 2007 y un robo con sorpresa frustrado en 2017.
La revelación de ese prontuario tuvo un costo político alto. Cayeron la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y el jefe de gabinete presidencial, Matías Meza-Lopehandía.
En enero de este año, antes de dejar La Moneda, Boric defendió los indultos en una entrevista con CNN Chile, aunque excluyó este caso. "No me arrepiento de los indultos", dijo. Sin embargo, reconoció "una desprolijidad inaceptable" por incluir a Castillo y recordó que el indulto es una firma delegada en el ministro de Justicia.
Con este rechazo, Castillo Opazo seguirá en el penal de La Serena. Su condena de cuatro años vence, en principio, hacia fines de 2027. La nota de T13 no informa cuándo podría volver a postular al beneficio.
