La Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos vota desde el mediodía de este lunes el recorte nacional de 7% a los gobiernos regionales (GORES) en la Ley de Presupuesto 2027, según BioBioChile. Es una de las partidas más difíciles de aprobar para el Gobierno.
La directiva de la Asociación de Gobernadores Regionales (Agorechi) se reunió con la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda. Salió de esa cita sin acuerdo. Los gobernadores calificaron la conversación como "un diálogo de sordos" y llamaron formalmente a rechazar la partida 31.
El vicepresidente de la Agorechi y gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, detalló la cifra en juego. Según explicó, la propuesta de la Dipres implica una rebaja de cerca de $250 mil millones para los 16 gobiernos regionales. "Nos plantean ciertas flexibilidades que poco nos importan", afirmó.
El Gobierno justifica el recorte por la subejecución presupuestaria. Dicho en simple, quita recursos que las regiones, en la práctica, no estarían gastando.
El senador de Renovación Nacional (RN) Andrés Longton cuestionó ese criterio. Según él, la ejecución muchas veces depende de organismos del gobierno central, y los llamados "recursos propios" de las regiones no siempre llegan a tiempo. "La disminución de un 7% por los recursos propios que no llegan claramente va a afectar proyectos comunales y regionales", sostuvo. Pidió que la partida mantenga al menos el nivel del año pasado.
El senador UDI Javier Macaya y la senadora socialista Paulina Vodanovic, ambos de la Región del Maule, participaron en una reunión con la Dipres junto a varios gobernadores. Vodanovic, también presidenta del Partido Socialista, planteó que los fondos van a vivienda, inversiones y programas de empleo. "Quitarle recursos a los gobiernos regionales es quitarle recursos a la gente", dijo.
El apoyo cruza el eje político. Senadores del oficialismo y de la oposición respaldan a los gobernadores, lo que complica al Ejecutivo en una votación que necesita sacar adelante. Si se rechaza la partida, los perdedores directos serían los proyectos regionales y comunales que dependen de esos fondos.
La tensión con los GORES se suma a otros frentes. El Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Servicio Electoral (Servel) impulsan una alianza contra restricciones que los obligarían a pedir autorizaciones periódicas a Hacienda para administrar sus recursos. Según ellos, eso podría afectar su independencia. El viernes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, y el biministro del Interior, Claudio Alvarado, hablaron de un posible entendimiento. Alvarado lo calificó como "un diálogo fructífero".
También hay reparos desde el oficialismo en materia económica. El diputado RN Daniel Valenzuela criticó que el Gobierno aumente la deuda sin una política fuerte para las pymes. "Si nos vamos a endeudar por más de 25 mil millones de dólares, tiene que haber un apoyo considerable para nuestras pequeñas y medianas empresas", advirtió.
La jornada sigue con salud y educación. La Tercera Subcomisión analiza este lunes el presupuesto del Ministerio de Salud y recibe a organizaciones preocupadas por recortes, entre ellos $28 mil millones que salieron de la Ley Ricarte Soto, que financia tratamientos de alto costo. En la tarde continuará el debate por los fondos del Ministerio de Educación.
