El presidente de la UDI (Unión Demócrata Independiente), Guillermo Ramírez, acusó este sábado a la administración del expresidente Gabriel Boric por la rebaja de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores, según CNN Chile. En la misma intervención, respaldó la gestión del ministro de Justicia, Fernando Rabat.
"Lo que hizo el Gobierno anterior fue sacar las castañas con la mano del gato", dijo Ramírez. Según el dirigente, la administración de Boric le "tiró la pelota a la Corte" para que esta otorgara los beneficios y "no hizo absolutamente nada para que esto dejara de ocurrir".
Para el timonel gremialista, la principal responsable es la ley. "La primera culpable en esto es la ley, que por alguna razón fue interpretada por los tribunales como una ley que no se podía aplicar a casos anteriores a su promulgación", sostuvo.
Su receta apunta al Congreso. Ramírez planteó que la norma debe establecer de forma expresa que ninguna persona que haya atentado contra menores de edad pueda recibir rebajas de pena. "Esa es la forma de resolver el problema", afirmó.
El diputado contrastó esa postura con la del actual gobierno, que según él "enfrenta el problema". Adelantó que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley para que nunca más un abusador sexual de menores acceda a ese tipo de beneficio. "Son delitos que merecen especial reproche", añadió.
Los dichos llegan en medio de un debate abierto entre oficialismo y oposición. El ministro Rabat quedó en el centro de las críticas tras conocerse los beneficios otorgados por el Gobierno a los 56 sancionados. Ramírez cerró filas con el secretario de Estado.
La disputa tiene un trasfondo concreto. El caso se reduce a cómo los tribunales aplicaron una ley en el tiempo, y Ramírez traslada el costo político a la administración anterior. Para el oficialismo, el argumento busca proteger al ministro. Para las familias de las víctimas, la pregunta sigue siendo si los condenados cumplirán sus penas completas. La fuente no detalla cuándo se dictaron esas condenas ni qué beneficio específico recibió cada condenado.
El viernes pasado, el Ministerio de Justicia confirmó que suspenderá la tramitación de los decretos que otorgaban los beneficios a los 56 condenados. El paso siguiente es el proyecto de ley anunciado, cuya fecha de ingreso al Congreso aún no se conoce.
