El ministro de Justicia, Fernando Rabat, anunció este jueves que el gobierno dará suma urgencia a las mociones parlamentarias que buscan impedir rebajas de penas a condenados por delitos sexuales, según La Tercera. El Ejecutivo también presentará un proyecto de ley propio.
El anuncio llega en medio de la polémica por la rebaja de penas concedida a 56 condenados por delitos sexuales contra menores. El caso abrió un flanco político para el ministro y para el gobierno de José Antonio Kast.
Ese mismo día, Rabat reiteró su defensa del criterio del Ejecutivo. Según el secretario de Estado, no se puede aplicar de forma retroactiva la ley dictada en 2022, que impide otorgar el beneficio a condenados por este tipo de delitos.
En conversación con Conexión T13, Rabat sostuvo que la solución debe venir del Congreso. Su objetivo es que estas decisiones dejen de resolverse mediante recursos judiciales, como los amparos ante la Corte Suprema.
"No vamos a dejar que este asunto se vuelva a revisar por la Corte Suprema vía amparos", afirmó. Agregó que el gobierno busca cerrar la puerta a los beneficios para los abusadores sexuales.
La propuesta del Ministerio de Justicia apunta a un cambio concreto. Los requisitos para acceder al beneficio se evaluarían conforme a la normativa vigente al momento de presentar la solicitud, y no según la ley vigente cuando se cometió el delito.
Rabat explicó que ese criterio ya rige para la libertad condicional. Lo establece el artículo noveno del Decreto Ley N.º 321, que regula ese beneficio.
Según el ministro, la modificación evitará interpretaciones basadas en las normas constitucionales y legales que impiden la retroactividad de la ley penal. Ese principio impide aplicar una ley más dura a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia.
La suma urgencia obliga a cada cámara a despachar un proyecto en un plazo de 15 días. Las mociones que recibirán ese impulso ya están en trámite en la Cámara de Diputados y en el Senado. La Tercera no detalla cuáles son ni cuándo ingresará el proyecto del gobierno.
El anuncio no despeja la presión política sobre Rabat. Diputados de oposición evalúan una acusación constitucional en su contra. El ministro ya había asumido que la decisión de las rebajas fue suya y que Kast no la conocía.
El próximo paso es formal: el Ejecutivo debe ingresar las urgencias y su propio proyecto al Congreso, donde se medirá si el oficialismo y la oposición se alinean para cambiar la ley.
