La Fiscalía Regional de Antofagasta presentó una acusación contra 22 integrantes de una organización transnacional de trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos. Pide penas de entre 17 y 47 años de presidio para cada uno, que en conjunto suman 642 años y 26 días de cárcel.
Según informó BioBioChile, el Ministerio Público también solicita multas por 7.730 UTM (unidades tributarias mensuales) y el comiso de bienes, es decir, que el Estado se quede con ellos. La red habría operado en Antofagasta entre 2020 y 2025.
La organización fue desarticulada en agosto de 2025 en la operación "Casa de Muñecas", que dirigió la Fiscalía y que ejecutaron brigadas especializadas de la Policía de Investigaciones (PDI). Los allanamientos se hicieron en domicilios y locales comerciales de la ciudad.
En ese operativo se detuvo a los acusados, en su mayoría extranjeros. La PDI incautó dinero en efectivo, vehículos de alta gama, joyas y documentación contable y bancaria. Además, se rescató a una veintena de víctimas.
De acuerdo con la investigación, las víctimas habrían sido captadas en sus países de origen o en Antofagasta, aprovechando su precariedad. Muchas estaban en situación migratoria irregular y sin redes de apoyo. ADN Radio agregó que eran principalmente mujeres vulnerables, entre ellas una menor de edad, y que algunas fueron reclutadas con falsas ofertas de trabajo.
La acusación describe una estructura formada por cuatro clanes familiares. Cada uno cumplía funciones de captación, traslado y control de las víctimas, además de administración, financiamiento y uso de testaferros. Según ADN Radio, mantenían tres prostíbulos clandestinos y un local con patente de café donde se ejercía el comercio sexual.
Para ocultar las ganancias, la banda habría usado comercios de fachada y cuentas de terceros. Un análisis financiero identificó más de 2.800 transferencias de bajo monto, un patrón que, según la Fiscalía, buscaba eludir los controles bancarios. Uno de los clanes habría otorgado además préstamos usureros conocidos como "gota a gota".
Los cargos son asociación criminal para cometer trata de personas, trata con fines de explotación sexual, promover o facilitar la entrada o salida del país para la prostitución, asociación para lavar activos, lavado de activos y tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Este último delito se imputa en uno de los casos, según ADN Radio.
El fiscal regional, Juan Castro Bekios, afirmó que el eje de la acusación es patrimonial. "El patrimonio es su oxígeno, y nuestro trabajo es cortarlo", dijo.
La Fiscalía gestiona además la extradición desde Colombia de una ciudadana colombiana señalada como líder de uno de los clanes. Estaba fuera de Chile al momento del operativo. Fue formalizada en ausencia en abril de 2026, es decir, se le comunicaron los cargos sin que estuviera presente. En mayo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió la solicitud de extradición y hoy permanece en prisión preventiva en Colombia.
Los acusados no han sido juzgados y se presumen inocentes. La audiencia de preparación de juicio oral está fijada para el 30 de noviembre. Ese día, el Juzgado de Garantía revisará la prueba que las partes llevarán al juicio. La Fiscalía anunció 1.011 medios de prueba, entre ellos 79 testigos, siete peritos y 571 documentos. Las fuentes no informan el número de causa (RUC).
